22 abr. 2026

Caja comisiona a municipios a presuntos planilleros

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Débil control. Hasta diciembre varios funcionarios estarán comisionados fuera de la CJPPM.

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La Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CJPPM), que actualmente está intervenida debido a que una auditoría halló un agujero superior a los G. 6.500 millones, también sufre un descontrol en cuanto a los funcionarios que deben cumplir funciones. El cáncer del planillerismo, que también afecta a otras instituciones, aparentemente también cobra protagonismo en la institución.

Uno de los supuestos casos de planillerismo es el que se da con la funcionaria Sandra Nathalia Acosta Arias, comisionada a la Junta Municipal de Fernando de la Mora.

El comisionamiento es hasta diciembre de este año, el que ya fue renovado el año pasado. De acuerdo con las fuentes, la falta de sanción a sus ausencias periódicas se debería a sus conexiones políticas.

De acuerdo con las denuncias que realizan los afectados que desde hace meses reclaman la devolución de sus aportes, los comisionamientos de funcionarios a otras instituciones se dan sin control, por lo que funcionarios de mala fe aprovechan para no asistir a las funciones que les asignaron.

Existen otros once funcionarios comisionados a otras instituciones, incluso al Municipio capitalino. Todos cobran con base en el dinero de los aportantes y jubilados.

Sin rastro. A raíz de los comisionamientos o traslados sin control, una de las beneficiadas fue la propia ex administradora Fabiana Benítez, quien está siendo investigada por el vaciamiento. Llamativamente, Benítez fue trasladada a la sede social en San Lorenzo, que solo tendría un sereno en funciones. Benítez figura con un ingreso de G. 8.800.000, aproximadamente.

Según acreditan los perjudicados de la Caja que día a día acampan frente a la institución para saber dónde fue a parar el dinero de los aportes, Benítez viajó a Disney incluso con un familiar, por lo que sospechan que el traslado que le dieron fue con el ánimo de enfriar la investigación que pesa sobre ella, así como sobre el titular de la Caja, Bernabé Peralta Antúnez, entre otros.

El único que guarda prisión es el que quemó la sede el pasado mayo y para quien la diputada Rocío Vallejo había pedido protección debido a los datos que sabe.

Estafados. Decenas de personas siguen aguardando resultados de la intervención. Varios llevan años reclamando sus aportes. El esquema de presunto vaciamiento de la Caja, apunta a que funcionarios de la propia institución se las ingeniaban para retirar aportes ajenos.

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