El fiscal Osmar Legal, de la Unidad Especializada contra Delitos Económicos y Anticorrupción, investiga un caso de presunta privación de libertad y cohecho pasivo agravado en el que estarían involucrados la oficial Evelyn Jazmín Núñez y el suboficial Cemión Arce Mendoza, quienes estaban comisionados a la Comisaría 3ª del área metropolitana.
El representante del Ministerio Público explicó a los medios de comunicación que los policías ya están imputados por los hechos mencionados y que se les tomará la declaración indagatoria y posteriormente estarán a cargo del Juzgado Penal de Garantías.
Según los datos, la empleada del local nocturno, llamado Club Condesa, que fue allanado en la tarde de este jueves, en el microcentro de Asunción, fue denunciada por los dueños por un supuesto hurto de G. 3 millones, ocurrido el 5 de diciembre pasado.
Al día siguiente, alrededor de las 12:45, la mujer fue capturada por los agentes, quienes supuestamente le pidieron dinero para no detenerla, debido a que estaba en estado de rebeldía por un caso de estafa.
Comentó que los oficiales habrían seguido a la mujer cuando salía del club en donde ella trabajaba y a pocas cuadras del lugar la subieron a una patrullera, la tuvieron retenida por cerca de una hora, dando vueltas por el centro de Asunción, ínterin en que ella se ponía en contacto con familiares a fin de solicitar G. 3 millones para ser liberada.
La mujer tiene antecedentes penales y contaba con una rebeldía de un Juzgado de Fernando de la Mora, Departamento Central, esto habría sido aprovechado por los uniformados, ya que la misma oficial que tomó la denuncia contra la mujer fue quien la subió a la patrullera.
“Posteriormente, cuando los familiares se acercaron y amenazaron con realizar la denuncia por lo que los oficiales estaban haciendo, es que ella fue llevada a la comisaría”, expresó el fiscal.
El allanamiento al local nocturno fue efectuado para llevar toda la documentación relativa a lo laboral de la mujer, quien aparentemente no tenía contrato, pero sí había liquidaciones de sueldo y demás.
El fiscal explicó que hace un tiempo emplazó a la empresa para dar el circuito cerrado que supuestamente ya tenía el abogado del local, pero que nunca entregó, que finalmente fue incautado en el procedimiento, al igual que el celular de uno de los propietarios, una notebook y un disco duro.
Mencionó que los dueños del local también están investigados porque se presume que la denuncia contra la mujer fue para no pagarle la liquidación.
Finalmente, la mujer fue puesta a disposición del Juzgado que levantó su estado de rebeldía.
