Imputados. Los supuestos docentes son Adilio Aranda, Alba Caballero, Alcides Arce, Alcides Ditrich Cabrera, Alicia Caballero, Alicia Silva, Alva Martínez, Ana Cañete, Ana Leguizamón, Analía Escobar y Anastacio Florentín.
Se los imputó por los hechos de uso de documentos no auténticos, declaración falsa y estafa.
En junio del 2024, el director de Asuntos Jurídicos Externos del MEC denunció que varios docentes habrían presentado certificados de cursos aparentemente falsificados.
Con esos documentos pretendían postularse al concurso de oposición para ser seleccionados en el programa Jornada Escolar Extendida.
Allí iniciaron indagaciones y encontraron varios títulos de licenciatura en Ciencias de la Educación, algunos sin y otros con énfasis en Educación Escolar Básica; también título de especialista en Didáctica Universitaria y de abogada.
Estos contaban con certificados de estudios supuestamente expedidos por la Universidad Autónoma de Asunción (UAA), y con esos los docentes imputados accedieron a conseguir sus matrículas.
Sin embargo, la Dirección de Registro de Títulos del Viceministerio de Educación y Ciencias “informó que dichos títulos no se encuentran registrados en libro alguno y que los datos en el sello que obra no corresponden a registros de esa dependencia”.
También la universidad descartó que los profesores hayan egresado de dicha institución.
“Los mencionados documentos habrían sido presentados ante el MEC, bajo la figura de la declaración jurada, con la intención de inducir al MEC al error sobre su autenticidad, en el marco de las relaciones jurídicas”, dice la imputación.
Estos documentos formaban parte de los requisitos necesarios para la expedición de su matrícula de docente y del registro, a fin de ejercer la profesión.
En uno de los casos, específicamente de Ana Leguizamón, ella presentó el supuesto título de especialista en Didáctica Universitaria y abogada, y esto “produjo en el MEC, un error, pues le otorgó la matrícula de Educador Profesional, mediante la cual obtuvo contratación como docente, abonándole las remuneraciones”.
Dispuso así parte del patrimonio del Estado, y causó un perjuicio.
