Más víctimas de la mafia de los pagarés, funcionarios del Instituto de Previsión Social (IPS) recurrieron a la Comisión del Senado que investiga la trama delictiva y revelaron el calvario que siguen viviendo por supuestas deudas ya saldadas. Una de ellas relata el martirio que sufre después de 10 años de haber cancelado un préstamo.
Se trata de María Elena Páez, que trabaja en el Hospital Central del IPS y que había adquirido un préstamo de la Asociación de Funcionarios y Asociados del IPS (FIPSA).
“A través de la asociación solicitamos un crédito y nos otorgaban un documento. Con eso recurríamos a una financiera X y ahí nos hacía firmar nuevamente otro documento”, contó la mujer.
Fipsa les descontaba mensualmente las cuotas de la deuda, “pero ellos no depositaban a la financiera”, denunció.
Luego de más de 10 años de haber cancelado la deuda, ahora resulta ser que los pagarés que alguna vez firmó le están queriendo cobrar, pese a que ya le descontaron el monto total del crédito.
“Ahora tengo varias demandas, justamente por esos pagarés que no retiré a su debido tiempo. Esto repercute enormemente en nuestras salud psicológica y mental”, contó María Elena.
“Estamos devastados. Estamos a la deriva”, resaltó la mujer, quien afirmó que varios compañeros están siendo afectados por esta misma asociación y no saben a quién recurrir.
desvío. María Isabel Jara, otra víctima del mismo modus operandi, contó que en el 2017 hizo un préstamo también a través de FIPSA.
“En el 2019 cancelé en su totalidad el préstamo de la Caja de Préstamos del Instituto de Previsión Social y después de un año empezaron a haber demandas y descuentos de varios compañeros, por lo que yo decidí renunciar a la asociación”, contó la mujer.
Al retirarse de dicha Aso, le entregaron la copia de los pagarés que había firmado y pagado. Sin embargo, “en noviembre del 2024, me entra una demanda judicial por una financiera que trabajaba con Fipsa, por G. 9.682.000”, relató. En ese momento, la mujer se enteró de que la asociación no pagó la totalidad del préstamo, sino que solamente siete cuotas.
“Ya volví a pagar todo los G. 9 millones que me demandaron. Fui otra vez hasta la financiera para retirar mi pagaré y me dicen que no pueden entregarme porque todavía no retiraron la plata”, mencionó.
Ahora, la víctima busca es recuperar su dinero. “Es mucha plata”, lamentó. Por ello, presentó una denuncia ante la Fiscalía y espera que avance su causa.
La mujer incluso fue hasta la asociación para que les den respuesta, pero se encontró con más sorpresas. “Fipsa cerró, quebró, los directivos ya no están y estamos acá acudiendo a todas las instancias para poder ver si podemos recuperar o no la plata que nos robaron. Porque prácticamente esto es un robo”, dijo desesperada la afectada.
Más de 2.000 VÍCTIMAS. El presidente del IPS, Jorge Brítez, detalló recientemente que son más de 2.000 funcionarios de la previsional afectados por el esquema e invitaron a todos a animarse a denunciar los fraudes. Incluso, ya se presentaron 110 denuncias ante la Fiscalía.
Opinión
Rafael Filizzola, senador
“Se pone a prueba la capacidad del Estado” “María Elena Páez es funcionaria de IPS y es otra víctima del esquema mafioso que afecta a muchas familias paraguayas... La mafia de los pagarés pone a prueba la capacidad del Estado y el trabajo conjunto de las instituciones para proteger a miles de compatriotas, docentes, personal de blanco, uniformados y personas jubiladas, que son las principales víctimas de este miserable esquema delictivo”, señaló el senador.
Recorre 150 kilómetros para pedir justicia
Gladys Belén Larrea, quien es otra víctima de la mafia de los pagarés, y que denunció por estafa a un presunto usurero, viajó desde el Departamento de San Pedro hasta la Fiscalía General en Asunción para pedir avances en su causa, mientras le siguen descontando injustamente su salario por una deuda que ya canceló varios años atrás.
“Soy de Santaní y me llegó la información de que mi carpeta había sido traída aquí en Asunción y tuve que hacer esta peregrinación buscando justicia. Vine aquí a la Fiscalía General buscando respuestas sobre mi caso”, lamentó.
Gladys denunció que en el 2015 prestó G. 2.000.000 de un usurero, de nombre Antonio Acosta, y que dicha deuda ya está pagando por tercera vez. Tras haber cancelado el crédito, terminó pagando nuevamente por embargo la suma de G. 10.400.000.
Sin embargo, en el 2024, le saltó un segundo embargo, por casi G. 4 millones y por ello cada mes le siguen descontando de su salario el monto de G. 679.000.
“Yo había hablado con el fiscal Walter Melo que lleva la causa que está en la Unidad (de Santaní) y no recibí ninguna respuesta de él, entonces también había hablado con la fiscala adjunta, que es Alicia Saprisa y todavía no recibí ningún retorno”, expuso la afectada.
El fiscal Melo, sin embargo, minimizó el caso y dijo que no había elementos para imputar.
