Hernán Huttemann, jefe de Gabinete Civil de la Presidencia, habló sobre la propuesta de reforma de la Ley de Emergencia Sanitaria que presentó el Ejecutivo y dijo que con esto se busca brindar facultades para el cumplimiento de las normativas en medio de la crisis sanitaria por el Covid-19.
Este martes se presentó al Congreso Nacional una propuesta de reforma de la Ley de Emergencia Sanitaria, que faculta al Ejecutivo dictar medidas restrictivas al desplazamiento y obligar al uso de mascarillas.
Al respecto, El jefe de Gabinete de la Presidencia de la República, Hernán Huttemann, indicó que la iniciativa será presentada durante la mañana de este miércoles ante el Congreso Nacional.
Agregó que con esto se busca brindar las facultades necesarias para el cumplimiento de las normativas sanitarias en medio de la pandemia del Covid-19.
“Desde un principio yo sostuve que nosotros nos centramos mucho en las respuestas médicas, científicas y me parece fundamental, pero no nos centramos en respuestas jurídicas que hay que darle al asunto y los instrumentos que tenemos deberían ser perfeccionados”, dijo a Monumental 1080 AM.
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Igualmente, apuntó a que el Congreso Nacional tiene la atribución constitucional de dictar leyes de emergencia para sancionar las irregularidades durante la pandemia. “El proyecto de ley busca brindar las facultades necesarias para el cumplimiento de las normativas”, prosiguió Huttemann.
En el proyecto que se presentó figuran los artículos 23 y 24, con disposiciones del tipo penal para la inmunización irregular, el hurto y el hurto agravado de medicamentos e insumos médicos.
En ese sentido, se establece una disposición del tipo penal que señala que todo funcionario que, valiéndose de su cargo, lograse o intentase que una persona se beneficie debidamente de la vacunación contra el Covid-19 sea pasible de una sanción de una pena privativa de libertad de hasta cinco años, además de una inhabilitación para ejercer cargos públicos electivos o no por 10 años o multa.
Del mismo modo, el otro artículo establece el tipo penal para las personas que hurtan vacunas para su posterior comercialización con penas que van desde los dos hasta los seis años y 10 años para ejercer cargos públicos.
El documento también establece la integración de una Junta Sanitaria como una instancia de coordinación interinstitucional de acciones presidida por el presidente o por una persona designada por el Poder Ejecutivo, donde participarán los distintos ministros y los diferentes estamentos de la sociedad civil, empresarial, industrial y servicios.
Con lo relacionado a las medidas sanitarias, se encuentra la posibilidad de declarar obligatorios el uso de las mascarillas higiénicas, de sistemas de ventilación adecuados para los espacios cerrados, el distanciamiento social y el lavado de manos.
También se contempla limitar la cantidad de invitados que asistan a eventos sociales, culturales, deportivos o cualquier espectáculo donde exista un riesgo de contagio o aglomeración.
Desde el ingreso de la pandemia del coronavirus, el sistema de Salud se enfrentó con la ausencia de insumos básicos para los pacientes que desarrollan cuadros graves de la enfermedad, irregularidades en el proceso de vacunación y fue salpicado por denuncias de corrupción.
