Mientras se mantienen los interrogantes sobre la candidatura de Lula, del Partido de los Trabajadores (PT), un total de 13 candidatos están autorizados por la Justicia para salir a la calle en busca de votos para los comicios legislativos, regionales y presidenciales del 7 de octubre.
La incertidumbre se agravó la víspera, después de que el PT desafiara a la Justicia y registrara oficialmente la candidatura de Lula, preso desde el pasado 7 de abril por corrupción.
Horas después del registro, la Fiscalía presentó un pedido de impugnación ante la Corte electoral para anular la candidatura del ex sindicalista al considerar que Lula “no es elegible” por estar ya condenado en segunda instancia.
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El ex presidente (2003-2010) lidera las encuestas de intención de voto con un 30% y ganaría en una segunda vuelta ante cualquier adversario.
El líder del PT tiene como compañero de fórmula al ex ministro y ex alcalde de Sao Paulo Fernando Haddad, quien podría ser el sustituto de Lula en caso de ser vetado éste por la Justicia electoral.
En el primer día de campaña, Haddad tiene previsto visitar a su mentor en la cárcel de Curitiba, donde Lula cumple una pena de 12 años y un mes de prisión por corrupción pasiva y lavado de dinero.
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El candidato de ultraderecha Jair Bolsonaro, quien figura primero en las encuestas si Lula no fuera candidato, con alrededor del 17% de intención de voto, no tendrá agenda pública hoy, mientras que la ecologista Marina Silva (13%) comenzará el día visitando un ambulatorio médico y luego participará en un encuentro con mujeres, que son mayoría en las urnas.
A diferencia de otros años, los candidatos tendrán un presupuesto más reducido, ya que por primera vez la campaña para la Presidencia no contará con la financiación de las empresas, prohibida en 2015 por el Tribunal Supremo de Brasil tras el escándalo de la Lava Jato.
La investigación reveló que compañías donaban millonarias sumas de dinero, muchas veces sin declararlo, para las campañas de los más diversos partidos y, a cambio, los políticos otorgaban favores mediante la aprobación de medidas legislativas o la facilitación de contratos públicos.
La campaña que comienza este jueves será la más corta de los últimos años, con 52 días hasta la primera vuelta y tan solo 35 para la propaganda de televisión y radio, diez días menos que en 2014.
