El Bosque Atlántico es una de las áreas más ricas en biodiversidad del planeta y se extiende en la Región Oriental del Paraguay, en parques nacionales y reservas naturales, donde está prohibida la deforestación por Ley desde el 2004.
Sin embargo, desde ese mismo año, el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, siglas en inglés) viene registrando a través de monitoreos satelitales una depredación sistemática de bosques en las áreas protegidas, que se acentuó en los últimos cuatro años.
Hasta el momento, se reportaron más de 9.500 hectáreas afectadas por el narcotráfico, la extracción ilegal de rollos de madera y la explotación ilícita de carbón.
El director de Cambio Climático y Políticas de la WWF Paraguay, Óscar Rodas, lamentó que esta situación “persista en el tiempo”, pese a que el Estado tenga que garantizar el cumplimiento de la ley.
Manifestó que ya se realizaron sucesivas comunicaciones oficiales de la deforestación de estas zonas a las autoridades nacionales, ya que la Ley 6256 –que entró en vigor hace 16 años– prohíbe las actividades de transformación y conversión de superficies con cobertura de bosques en la Región Oriental. La misma es más conocida como Ley de Deforestación Cero.
“Parece que es poco (el número de hectáreas deforestadas). Uno dice 9.500, cuando en Paraguay se están deforestando 200.000 hectáreas al año. Pero que 9.500 hectáreas se pierdan en el núcleo de las áreas protegidas es mucho más grave”, remarcó Rodas en una entrevista concedida a Última Hora.
El Bosque Atlántico cubre casi una décima parte de América del Sur y se expande a lo largo de más de 3.300 kilómetros, cruzando la costa atlántica de Brasil, el noreste de Argentina y este de Paraguay.
Parques y reservas afectadas
El Laboratorio de Sistemas de Información Geográfica (SIG) de WWF Paraguay comenzó a monitorear los bosques de la Región Oriental en el mismo año de implementación de la Ley de Deforestación Cero.
Desde entonces hace un seguimiento satelital de las áreas protegidas que forman parte del Bosque Atlántico en Paraguay, que abarca los departamentos de Canindeyú, Caaguazú, Guairá, Alto Paraná, Caazapá e Itapúa.
El vocero de la organización ambiental detalló cuáles son las zonas boscosas afectadas. Habló de la Reserva Natural del Bosque Mbaracayú, que tiene 64.000 hectáreas, de las cuales 1.900 fueron desforestadas; de Morombi, de casi 25.000 hectáreas y 3.600 deforestadas; de San Rafael, de 73.000 hectáreas y 3.200 deforestadas.
Señaló que el equipo técnico de la WWF también detectó una pérdida de área boscosa de 360 hectáreas en el Parque Nacional de Caazapá y de 500 hectáreas en la Reserva de Recursos Manejados Ybytyrusu. “9.500 hectáreas en total”, enfatizó Óscar Rodas.
“Son áreas que deberían mantenerse íntegras sin ningún tipo de afectación y lo que estamos detectando con nuestro sistema es que hay una eminencia muy fuerte de que el tipo de afectación corresponde a actividades ilícitas: cultivos ilegales, quemas intencionales no autorizadas, elaboración de carbón y extracción de rollos de manera ilegal”, enumeró.
Remarcó que en las áreas de Morombi, San Rafael y Mbaracayú existe un aumento sustancial de cultivos ilícitos en los últimos años. “Estos y las explotaciones ilícitas son el mayor causante de pérdidas de bosques, actualmente”, acotó. “Es decir, el narcotráfico y el rollotráfico se instalaron en las áreas protegidas de la Región Oriental”, reforzó.
Naturaleza vulnerada de forma sistemática
Óscar Rodas expresó que a partir del recuento que hicieron, observaron que las áreas más valiosas para la conservación del Bosque Atlántico están siendo vulneradas sistemáticamente desde el 2004.
Refirió que esto afecta gravemente al patrimonio natural y cultural de Paraguay, puesto que son zonas de alto valor en diversidad de flora y fauna.
Apuntó que se está afectando el legado para las generaciones futuras de las distintas especies que alberga. Incluso, a las nacientes de agua de los ríos principales que protegen el suelo y estabilizan el clima en los regímenes de lluvias.
“Si vos eliminás Mbaracayú, eliminás San Rafael, eliminás Morombi, prácticamente, vas a generar un desequilibrio ambiental, que va a afectar negativamente hasta en la producción agrícola, porque esas lluvias locales que nutren los manantiales, esa protección de los suelos ya no van a existir”, advirtió.
Calificó el hecho como algo “gravísimo”, y expuso que lo más grave aún “es que la situación se viene acentuando desde el 2016".
“Es muy grave, porque son áreas que por su ubicación y tamaño contribuyen a estabilizar el clima de la región, a proteger el suelo, a 8.500 especies de la diversidad biológica y también el agua del que se nutren nuestras ciudades, nuestros territorios”, exclamó.
Se necesitan recursos para detener deforestación
De acuerdo con el ambientalista de WWF Paraguay, hay que tener en cuenta cuándo comenzó a volverse más agresiva la tala indiscriminada en las áreas protegidas del Bosque Atlántico, porque esto siempre tiene relación con el tipo de gestión política y de Gobierno.
“Cuando la administración gubernamental es débil, es cuando no es estricta en cuanto al cuidado de los recursos naturales, entonces, sube la tasa de deforestación. Hay que considerar el periodo en el cual se da este aumento sustancial, en áreas que no deberían ser tocadas, supuestamente”, recalcó.
No obstante, enfatizó que al gobierno de Mario Abdo Benítez le tocaría tomar conciencia de la situación, y desincentivar la deforestación. Mantuvo que el Estado tiene todas las herramientas, con la actuación del Ministerio del Interior, la Policía Nacional, y hasta las fuerzas militares, “que son custodio del territorio nacional”, aseguró
Si bien aprobó las intervenciones policiales que se realizaron últimamente por parte del Gobierno y, que disuaden las actividades ilícitas en áreas protegidas de la Región Oriental, opinó que el Estado debe poner más recursos.
“Por un lado es positivo que veamos esos grandes despliegues de policías en terrenos que disuaden este tipo de actividades ilícitas, porque estamos hablando del narcotráfico, finalmente. Pero, por otro lado también es un toque de atención para la ciudadanía, de que el Estado paraguayo tiene que invertir más policías, más recursos en grandes dimensiones para poder detener este fenómeno”, concluyó.
