A la hora de escribir estas líneas había una manifestación pacífica en el Penal de Tacumbú, donde reclamaban celeridad de los procesos. Según las autoridades del Ministerio de Justicia, todo está aún controlado. Esta secretaría de Estado viene de soportar emergencia tras emergencia. Ya tenían una emergencia penitenciaria y ahora se suma la sanitaria.
Es que, además de la reclusión que soportan nuestros cerca de 15 mil presos, tenemos que por las medidas sanitarias, ahora no tienen visitas sociales ni privadas. No tienen forma de trabajar, de estudiar o de asistir celebraciones religiosas, los que normalmente tenían.
Incluso, al inicio de la emergencia sanitaria, les cortaron las salidas transitorias y la libertad condicional. Para colmo, sus procesos están paralizados porque los juzgados están aún cerrados hasta el 18 de mayo. Por lo menos aún hablan con sus defensores.
Con ello se agravan las circunstancias en las que están encerrados. Es más, si el Covid-19 llega a nuestras cárceles, tendríamos una tragedia de devastadoras consecuencias por la cantidad de contagios y sería incontrolable. De ahí que debe preocuparnos su situación. Muchos de nosotros, en los primeros días de aislamiento máximo, sentimos quizás una ínfima parte de lo que ellos pasan todos los días.
Según la ministra Cecilia Pérez, hacen de todo para que esto no se desborde como se dio en otros países. El diálogo directo con la misma es una de las formas para evitar cualquier tipo de motín. Los hacen sentirse escuchados. Algo básico para cualquier ser humano. También realizan actividades recreativas, a más de fabricar tapabocas, entre otras cosas, para que su reclusión pueda ser útil.
Ahora, ese diálogo que tenían con la ministra se amplió con ministros de la Corte, Fiscalía y Defensoría. Sus reclamos son principalmente la celeridad de sus procesos, que se hagan las revisiones y se conceda por lo menos el arresto domiciliario.
No hay que olvidar que cerca del 75% de los mismos no tienen condenas. Es decir, son inocentes ya que aún no fueron juzgados y sentenciados.
La cuestión está también en que nuestras prisiones tienen capacidad para cerca de 9 mil reclusos y hay 6 mil presos más, de su capacidad. Por eso tienen la intención de construir más penales. Lastimosamente, gran parte de nuestros procesos penales, por ínfimos que sean, terminan con las personas en prisión. Así, pese a todo lo que se haga, las penitenciarias son verdaderas bombas de tiempo que pueden explotar en cualquier momento.
Sin embargo, nuestros parlamentarios no escuchan. No se ocupan de ellos. Una explicación de la ministra Pérez es que no votan. Si ellos ejercieran el derecho al voto los parlamentarios quizás los mirarían de otro modo. Es que si nos fijamos en la Carta Magna, tienen derecho a votar, porque al no tener condena, tienen la presunción de inocencia a su favor. La cuestión es cambiar un artículo inconstitucional de la ley electoral.
Imagínense las campañas proselitistas en las cárceles, donde realmente se tiene un “voto cautivo”. Si los presos votaran, los congresistas los verían de otro modo y quizás les darían más medios para cambiar la realidad en la que viven.
Ojalá que no nos ocurra como en la Argentina, o Venezuela, donde tuvieron que liberar presos tras violentas protestas de los reclusos, como medio de paliar las deficiencias estatales durante la pandemia.
Por esto, para no llegar a esos extremos debemos mejorar las condiciones de reclusión y disminuir la mora judicial, porque se lo merecen como ciudadanos, pero principalmente, como seres humanos.
