EFE
LA PAZ
Bolivia afronta una creciente crisis social al cumplirse un mes de los bloqueos de carreteras impulsados por sectores que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz y que generó el desabastecimiento de alimentos, combustibles y medicamentos en gran parte del país. Esta situación agrava la crisis económica que viven los bolivianos desde 2023, marcada por la escasez de divisas y la inflación, por lo que suman las voces que piden que Paz declare un estado de excepción ante la negativa de los sectores movilizados a dialogar.
“ÚNICA DEMANDA”. Los bloqueos de carreteras, que se realizan desde el 6 de mayo, son liderados por la Federación de Campesinos ‘Tupac Katari’, la Central Obrera Boliviana (COB), algunas organizaciones vecinales de la ciudad de El Alto y grupos leales al ex mandatario Evo Morales (2006-2019), quienes sostienen que su “única demanda” es la renuncia de Paz.
Las medidas afectaron inicialmente a las ciudades de La Paz y El Alto, pero desde hace semanas se extendieron a ocho de las nueve regiones de Bolivia, con al menos un centenar de puntos donde persisten los cortes de ruta.
Estos sectores dicen que el Ejecutivo los marginó de las decisiones gubernamentales y acusan a Paz de intentar privatizar y elevar las tarifas de los servicios básicos mediante un paquete de al menos diez leyes sobre energía, hidrocarburos y recursos evaporíticos, algo que el Gobierno ha negado.
PÉRDIDAS. La Cámara Nacional de Industrias (CNI) reportó que las pérdidas económicas por el conflicto ascienden a unos 2.100 millones de dólares, con afectaciones a los empresarios privados y los trabajadores independientes.
Por su parte, el sector turístico registra perjuicios por 1.230 millones de dólares, además de un deterioro de la “imagen-país”, según datos del Ministerio de Turismo.
Los bloqueos también ocasionaron la muerte de siete personas que no pudieron recibir atención médica oportuna y de otras tres en el contexto de las protestas, entre ellas un manifestante que recibió un disparo durante un operativo de desbloqueo, según datos de la Defensoría del Pueblo.
DESBLOQUEO Y DIÁLOGO La Policía y el Ejército efectuaron, sin éxito, dos operativos el 16 y el 23 de mayo, para habilitar un “corredor humanitario” en una carretera troncal en la zona andina, que derivaron en enfrentamientos con los manifestantes y disturbios.
El Parlamento, la Iglesia católica, la Defensoría del Pueblo y activistas de derechos humanos intentaron mediar en un proceso que no prosperó por la negativa al diálogo y los condicionamientos de los dirigentes de los sectores movilizados. El viernes, los campesinos aimaras del altiplano de La Paz dieron un ultimátum al presidente Rodrigo Paz para que presente su renuncia, aunque el mandatario reiteró su voluntad de dialogar.
“ÚLTIMO RECURSO”. La posibilidad de dictar un estado de excepción en Bolivia surgió después de que las primeras movilizaciones derivaran en enfrentamientos con la Policía y saqueos de oficinas estatales y privadas, principalmente en La Paz. El Parlamento abrogó una ley vigente desde 2020 que restringía la labor de las Fuerzas Armadas en casos de conmoción interna. Paz dijo que utilizará todos los recursos que le permite la Constitución para superar el conflicto, aunque remarcó que apelará al diálogo como primera vía de solución.
Los bloqueos causaron la muerte de 7 personas que no pudieron recibir atención médica oportuna y otras tres en las protestas.
