Concretamente, YPFB, de propiedad estatal, alertó de que su campo en Carrasco (Bolivia) y las estaciones de bombeo y compresión de hidrocarburos anexas fueron tomados por un grupo de personas y no descartaron nuevas “tomas” en otras instalaciones debido al clima social boliviano.
La notificación se produjo en una carta enviada a Integración Energética Argentina (IEASA) difundida por varios medios argentinos, entre ellos la agencia gubernamental Telam, y firmada por el gerente de contratos de exportación de gas natural de la empresa, Marcelo Laura.
En el texto, la empresa boliviana invoca una cláusula del contrato para quedar liberados de sus obligaciones por una causa de fuerza mayor que le impediría cumplirlas.
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El contrato de suministro de gas entre Bolivia y Argentina fue renegociado el pasado febrero y se extiende hasta 2026.
YPFB se comprometió a enviar a Argentina 11 millones de metros cúbicos de gas al día en los meses de verano austral, por lo que, de producirse los cortes en las próximas fechas, sería en el periodo en el que Bolivia entrega menos gas.
Evo Morales renunció el pasado domingo a la presidencia del Gobierno boliviano tras una escalada de tensión que comenzó con acusaciones de irregularidades en su victoria en los comicios del 20 de octubre y que llevó a ejército y policía a instarle a dejar la presidencia.
Este martes, el político boliviano llegó a México, donde se le concedió asilo político.
En la región latinoamericana, existe división entre aquellos que afirman que se ha producido un golpe de estado –como el presidente electo de Argentina, Alberto Fernández, que asumirá el cargo oficialmente el 10 de diciembre próximo–, y aquellos que no lo consideran así, como el gobierno saliente del país suramericano.
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El todavía mandatario argentino, Mauricio Macri, pidió este martes que se convoquen “elecciones libres y justas” para resolver la crisis y al mismo tiempo repudió “la violencia de cualquier tipo”.
El pasado lunes se confirmó que dos ministros del gobierno de Morales -la ministra de Planificación y Desarrollo, Mariana Prado, y el ministro de Gobierno, Carlos Romero- se encuentran “a resguardo” en la embajada argentina en La Paz.
