El cambio de director del penal de Tacumbú, que fue anunciado el lunes por el ministro Ángel Barchini, se dio por presiones del clan Rotela, según afirmó el criminólogo Juan Martens.
En la opinión del experto, es preocupante que las autoridades cedan a las presiones de la organización delictiva, la cual hace una demostración de poder en el interior de las cárceles.
El lunes se dio a conocer el nombramiento de Adán Jesús González Álvarez como director del penal más grande del país en reemplazo de Pedro Rafael Farías Espínola.
De acuerdo con los datos que maneja Martens, esto se dio debido a que Farías relevó de su cargo al jefe de seguridad de apellido Godoy, quien era afín a Armando Javier Rotela, jefe del clan que guarda reclusión en la cárcel.
“Rotela amenazó con hacer un motín porque no le gustó el cambio de jefe de seguridad. Para calmar los ánimos cambiaron al director, que lo primero que hizo fue reponer en su cargo al jefe de seguridad”, reveló el abogado y criminólogo, quien señaló que el nuevo ministro empieza su gestión con el pie izquierdo, dejándose influenciar por la estructura criminal.
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La versión oficial del Ministerio de Justicia es que el cambio se produjo “debido al nombramiento inconsulto realizado por Farías en la jefatura de Seguridad”.
Para el criminólogo, es preocupante el mensaje que da Armando Rotela haciendo una demostración de poder.
“Tiene poder el que hace cosas, no el que dice cosas. Todo indica que el crimen organizado seguirá fuerte en las cárceles”, insistió.
Armas en los penales
Por otra parte, Martens se refirió al hallazgo de un arma, este lunes, en la penitenciaría de Ciudad del Este, situación que está siendo investigada por la Fiscalía.
Sostuvo que la tenencia de armas en los penales por parte de internos es algo frecuente. Mencionó que se tiene información de que un interno del penal de Tacumbú ligado al clan Rotela tiene una escopeta en la celda con total impunidad.
Señaló que este es un hecho peligroso, porque ya se desarrollaron enfrentamientos entre grupos antagónicos y se dieron casos de uso de armas de fuego.
Uno de ellos fue la masacre en la cárcel de San Pedro, ocurrida en junio de 2019, en la que fallecieron 10 internos. Ambos bandos portaban armas de fuego.
