Las autoridades y funcionarios deberán rendir como mínimo el 80% del viático otorgado por la institución, con la presentación de los comprobantes de respaldo. El saldo restante podrá ser justificado bajo declaración jurada con el detalle del gasto correspondiente.
El proyecto dispone que la Contraloría General de la República establecerá los procedimientos y formularios para el control. También mantendrá actualizado un registro, de acceso libre y gratuito para el público, que detalle la entidad, comisión, beneficiarios, viático asignado, monto rendido y en su caso las devoluciones realizadas. A este efecto, los administradores de cada entidad deberán remitir a la Contraloría General de la República los informes mensuales de conformidad a los lineamientos establecidos por dicho órgano de control, los que deberán ser proveídos dentro de un plazo de 15 días del mes siguiente.
En concepto de multa será aplicado el equivalente al monto no rendido o liquidado en forma indebida, más un monto del 10%.
El senador Stephan Rasmussen argumentó a favor de la aprobación del proyecto apuntando que se mejorará el control del gasto público.
“Refuerza la rendición de cuentas, puede ayudar a mejorar la calidad del gasto público porque en la medida que se controle se va a manejar mejor el dinero de la gente”, expresó.
Silvio Ovelar dijo que la ley va a afectar a los funcionarios de menor rango y que se podría buscar otros mecanismos de control para las autoridades. Agregó que ya existe una ley al respecto y que no hay necesidad de derogar por completo la legislación vigente. “La normativa actual ya cubre suficientemente varios puntos respecto a la transparencia y los viajes al exterior y no colisiona”, señaló el senador.
El proyecto fue aprobado con 14 votos a favor. Hubo 6 votos en contra de Blanca Ovelar, Fernando Lugo, Hermelinda Ortega, Juan Darío Monges, Mirta Gusinky y Silvio Ovelar. La nueva ley menciona también que los sujetos obligados son personalmente responsables de la correcta utilización de los recursos asignados y de la violación de las normas o procedimientos. Esta ley alcanzará también a los funcionarios y autoridades de municipalidades, gobernaciones y todos los entes públicos.
