Así, la solicitud hecha al ministro es que se cumpla lo establecido por la Ley N° 5098/2013 de Responsabilidad Fiscal, en su artículo 7, inciso 3, referido a la inclusión en el Presupuesto General de la Nación (PGN) 2026 lo dispuesto con relación al ajuste de salario del funcionario público.
La argumentación esgrimida por los solicitantes es que la Ley N° 3668/2008, que establece la carta orgánica del gobierno departamental, y la Ley N° 4493/2011, que establece los montos de la escala de sueldo básico mensual de los integrantes de las fuerzas públicas, son acatadas fielmente por mandato de la misma norma legal para los miembros de las fuerzas públicas y para los gobernadores.
El sindicato citado invoca en la misiva el principio de igualdad ante la ley, esgrimiendo que no se cumplió lo señalado en la Ley N° 5098/2013, consagrado en el artículo 47 de la Constitución Nacional.
También se expone una comparación con el salario mínimo del sector privado, que registra incrementos mediante esa normativa, no así los del sector público.
Recordemos que ese mismo nivel de 69% había sido solicitado el año pasado por el sindicato al ministro actual, planteamiento que se realizó en la última etapa de consolidación del proyecto de ley de PGN 2025 y no fue tenido en cuenta.
También cabe considerar que el mismo Santiago Peña, cuando fue ministro de Hacienda, incluyó todos los beneficios como salarios, y que los funcionarios reciben varios aguinaldos, seguro médico y una ayuda familiar.
