Si bien, esta misma institución en su informe 2024 señala que en el corto plazo el riesgo no es alto en este sentido, la capacidad de pago de los compromisos no considera la reducción de los gastos sociales que garantizan los derechos y la calidad de vida. Es decir, la sostenibilidad de la deuda puede darse, y de hecho, se dio en años anteriores en la mayoría de los países latinoamericanos, a costa de una mayor pobreza, desigualdad y sufrimiento de las personas por la falta de servicios públicos elementales, como la salud, el agua, el transporte público, la protección social o la educación.
Es lo que en décadas anteriores se ha llamado “políticas de ajuste” y en la actualidad “políticas de austeridad”, que recaen sobre la población en situación de pobreza, trabajadora o de clase media, en detrimento de su bienestar.
El rápido crecimiento del saldo de la deuda también hizo crecer el servicio de la deuda (pago de intereses), cuyo monto ya está llegando al equivalente anual de todo el presupuesto de funciones básicas del Estado, como salud, educación, promoción y acción social, lo que debe llamar a la preocupación, teniendo en cuenta la deplorable situación del sistema de salud y la deuda social con la ciudadanía en todos estos ámbitos. Aunque esto no es solo en el caso de la salud, sino también en el resto de las áreas que impactan de manera directa en el bienestar de la población.
El endeudamiento tendrá un alto costo presente y futuro para la población, que hasta ahora no está viendo los resultados de más de una década de rápido endeudamiento. Sobre estas mismas personas recaerá el compromiso del repago de la deuda; por lo tanto, es necesario que el país tome conciencia sobre los efectos de la deuda actual y de un mayor endeudamiento futuro. Los altos niveles de endeudamiento deberían haber generado mayores capacidades productivas, con el propósito de garantizar su repago.
Así como están las cosas, las nuevas generaciones deberán hacerse cargo, sin contar con las competencias ni los medios necesarios. Pero dado el nivel de gasto en intereses, actualmente ya se están limitando los recursos dirigidos a áreas estratégicas como la educación.
Esta situación complicada ya se vio en el debate sobre el almuerzo escolar, en que la propuesta inicial, al parecer, contemplaba reducciones en otras áreas de educación; con lo cual, las ventajas ganadas en un programa se neutralizarían con otros. Al final, el saldo neto no sería positivo, al contrario, se agrega conflicto social, lo que limita cualquier posibilidad para el desarrollo.
Es urgente que se revise no solo la sostenibilidad de la deuda, sino también las consecuencias en la vida de las personas, a modo de vencer la inercia en la que estamos. El pago de los servicios de la deuda ya está limitando la inversión en sectores claves, como la salud y la educación, por lo que, a pesar de que el análisis de sostenibilidad sea optimista, las consecuencias en la población serán negativas.
Más deuda no está impulsando el crecimiento económico y, por lo tanto, tampoco la reducción de la pobreza y de las desigualdades, ni mejoran los indicadores de salud o educación. Las autoridades fiscales tienen que preguntarse qué es lo que está pasando y dar respuesta a la ciudadanía que, con sus impuestos, paga la deuda.
