Hace dos años nos sorprendía el Operativo A Ultranza Py puesto que nos mostró el altísimo nivel de permeabilidad del narcotráfico en las esferas del Estado. Aquel esquema que involucraba a traficantes, lavadores de dinero con empresas de fachada y que comprometía a políticos, funcionarios, proveedores del Estado, parlamentarios y hasta un pastor evangélico que blanqueaba capitales no ha quedado del todo impune, pero estamos lejos de haber logrado el completo desmantelamiento de la red mafiosa.
Los allanamientos nos acercaron al dinero sucio que solventa el lujo, así como a descubrir la participación del diputado colorado Juan Carlos Ozorio en el esquema, vinculado a los hermanos Miguel Insfrán y el pastor José Insfrán, quien blanqueaba capitales por medio de su congregación. Ozorio como presidente de la Cooperativa San Cristóbal permitía presuntamente poner en circulación el dinero del tráfico de drogas del clan Insfrán.
Otro de los involucrados es hoy senador de la República, Erico Galeano. Según el acta de imputación del Ministerio Público, el legislador había recibido USD 1 millón para la compra de un inmueble, se presume que ese dinero provendría de actividades ilícitas vinculadas al tráfico internacional de cocaína. Galeano fue vinculado con el caso A Ultranza, por posibles conexiones con lavado de dinero a raíz de que en uno de los allanamientos hallaron una boleta de la ANDE que estaba a su nombre y al verificarla se comprobó que la propiedad era suya, pero no la incluyó en su declaración jurada de bienes cuando asumió como legislador. Las investigaciones concluyeron que la propiedad sirvió para una simulación de compraventa, sin dejar constancia de que el verdadero propietario sería Miguel Insfrán, alias Tío Rico, considerado el líder de una banda de tráfico internacional de cocaína. Erico Galeano era diputado, en ese entonces, y luego fue electo senador en las elecciones de abril, y actualmente está imputado por presunto lavado de dinero y asociación criminal. Tras una serie de chicanas judiciales fue beneficiado con arresto domiciliario para que pueda sesionar en el Congreso Nacional.
El reciente informe de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional afirma que Paraguay es el cuarto país en todo el mundo que lidera el índice global de crimen organizado transnacional, encabezado por Birmania (Myanmar), Colombia y México. Este es coherente con la realidad antes descrita, pues como señala el sociólogo Carlos Peris, “todo en Paraguay es perfecto para el avance del crimen organizado” y menciona el territorio y nuestra debilidad institucional como el contexto ideal para ello. Para el experto, la geografía del país muestra un alto dinamismo con respecto al crimen organizado, por eso Paraguay es un lugar de tráfico de drogas, armas, contrabando, crímenes medioambientales y trata de personas. Otro motivo por el que aumenta la criminalidad en Paraguay es la debilidad del Estado, según el especialista, quien subraya que existe complicidad y desidia entre las autoridades y las instituciones.
“Al aumento y complejidad del crimen organizado se vio un Estado con poca capacidad de respuesta. Esto se debe, primordialmente, porque lo legal ha formado parte de las ilegalidades. Ya sea por complicidad o desidia, las autoridades y organismos de control se vieron proclives a favorecer a este país como uno propicio para el crimen organizado a gran escala”.
Estamos tocando fondo y si las autoridades, funcionarios, líderes políticos y económicos no accionan, muy pronto se verá afectado no solamente el sistema democrático, sino también nuestro territorio y nuestra soberanía.
