18 jun. 2024

Asunción, abatida por la desidia, falta de gestión y transparencia

Asunción es víctima de una administración municipal ausente y sin un proyecto; al menos, no uno que esté dirigido a resolver las demandas ciudadanas. La Comuna mantiene una superpoblación de funcionarios que cuestan al contribuyente el equivalente a diez desagües pluviales, de los que, por cierto, la ciudad carece. La ciudad luce abandonada y la calidad de los servicios se ve resentida. A la falta de gestión se suma la falta de transparencia, el intendente debe responder sobre una denuncia de un faltante de G. 500.000 millones.

La situación que vivimos en la capital del país es, sin duda, el resultado nefasto de la impunidad. Hace cuatro años, en plena pandemia del Covid-19, se hizo la denuncia por compras hechas a un dudoso proveedor. Una casillita operaba en el Mercado N°5 e hizo ventas millonarias a la Comuna; el escándalo fue monumental, pero los responsables nunca fueron investigados por la Justicia.

La proveedora de los detergentes de oro del intendente de Asunción, Óscar Nenecho Rodríguez, Bastian Comercial, representada por María Victoria Cano, una joven de poco más de 20 años, con el Registro Único del Contribuyente (RUC) bloqueado sigue operando hoy en el Mercado Número 5 en las mismas condiciones precarias, abasteciendo detergente a granel.

Cuatro años pasaron de aquellas compras durante la pandemia; y Bastian Comercial sigue con el RUC bloqueado por la SET, actual DNIT. El ente constató los libros de compras y ventas y movimientos del local, el que no pudo justificar aún su movimiento financiero para avalar las multimillonarias compras al servicio de la Municipalidad.

Desde la pandemia los problemas de gestión y transparencia fueron creciendo hasta alcanzar proporciones catastróficas. A principios del mes, la Junta Municipal de Asunción aprobó el balance presentado por el intendente Rodríguez, pero ignoró la denuncia por un faltante de G. 500.000 millones. La aprobación se realizó con votos a favor por parte de concejales colorados y liberales.

El concejal Álvaro Grau había advertido que el intendente evade las consultas porque ya no cuenta con ese dinero. “Evidentemente, Nenecho no tiene ese dinero en caja, no solamente en el balance arroja eso, sino porque él volvió a solicitar el pedido de emisión de bonos de G. 380 mil millones y postergó el pago de un crédito del año pasado”, expresó en una entrevista. En cuanto al monto faltante, la Contraloría le dio dos semanas de plazo al intendente para que explique y presente documentos del destino de los G. 500.000 millones en bonos que debían ser destinados a obras.

En 2022, Nenecho Rodríguez cumplió su primer periodo como intendente electo, recordemos que asumió en diciembre de 2019, tras la renuncia de Mario Ferreiro. Nada se hizo en aquel periodo respecto de las reiteradas denuncias de ingreso de operadores políticos ni tampoco sobre el obsceno aumento salarial para los funcionarios.

Una reciente publicación de ÚH revelaba que, la superpoblación de funcionarios le cuesta al contribuyente más que previsión para 10 desagües; el egreso para pagar a funcionarios fue de G. 726.666 millones en 2023, lo equivale a G. 216.666 millones más que el presupuesto para invertir en 10 cuencas, obras que, por cierto, apenas arrancó en dos sectores.

El Municipio de Asunción se caracteriza desde hace décadas por la superpoblación de funcionarios, muchos de ellos ni siquiera tienen una función específica y son abundantes las denuncias y reclamos por el prebendarismo y clientelismo de quienes para obtener un puesto solo requieren un contacto político; lo mismo que las denuncias sobre planilleros que solo se presentan para marcar y luego se retiran. Los reclamos son permanentes, pero nunca se han tomado medidas al respecto.

La impunidad por la mala gestión y la falta de transparencia tiene como resultado una situación financiera grave que, sin duda, pone en riesgo el mismo funcionamiento de la institución, el riesgo de seguir endeudando un Municipio que apenas presta servicios mínimos y sumamente deficientes. Asunción es tristemente la prueba de que la corrupción y la impunidad empobrecen la calidad de vida del ciudadano.

Más contenido de esta sección
El transporte público es un servicio esencial para la productividad, la calidad de vida y el ambiente. A pesar de ello, no existe una política pública; solo hay intervenciones aisladas, parciales, coyunturales y reactivas, sin evaluaciones y algunas sin resultados, pero con alto costo económico, como es el caso del fallido Metrobús o el subsidio a transportistas. En este escenario, pierden el sector público y la ciudadanía, mientras que el único ganador pareciera ser que es el sector privado. Esta situación continuará hasta que haya una política pública integral que dé señales claras sobre objetivos, metas y costos en el corto, mediano y largo plazo.
Un reciente informe puso a Paraguay entre los países de mayor inflación de alimentos en el mundo, detrás de países como Sudán del Sur, Liberia y Haití que enfrentan conflictos internos desde décadas atrás con fuerte impacto social y económico o Egipto ubicado en una de las regiones más áridas y calurosas del mundo. Es vergonzoso e imperdonable que hayamos terminado en esta situación debido a la falta de oferta de alimentos y la consiguiente, necesidad de importar.
Ya no caben dudas de que la Justicia paraguaya ha contraído una enorme deuda con la ciudadanía, pues no ha sido capaz de cortar de raíz la plaga de la impunidad. Ayer, el Tribunal de Apelación Penal anuló la acusación fiscal sobre el caso conocido como “tapabocas de oro” en la Dinac, un hecho que se produjo durante la pandemia del Covid-19, y dispuso el sobreseimiento de todos los procesados. Uno de ellos, Édgar Melgarejo, ex titular de la Dinac, había sido declarado significativamente corrupto por el Gobierno de los Estados Unidos en 2023.