Entre los manifestantes se encontraban numerosos jubilados municipales, a quienes se les adeudan más de tres meses por sus haberes. También hubo ciudadanos convocados por medio de la plataforma Defendamos Asunción, quienes realizaron una caravana desde las 09:00, partiendo desde la avenida Boggiani y Mayor Eduardo Vera hasta la Comuna.
Uno de sus miembros, Enrique Wagener, exigió a la Cámara de Diputados que se apruebe la intervención del Municipio –que finalmente tuvo dictamen favorable de la comisión–, atendiendo a las denuncias por malos manejos financieros y el desvío de los bonos. También hizo un llamado a la solidaridad con los jubilados.
“Esperamos que Nenecho tenga la dignidad de renunciar (...), que venga otra administración y solucione las cuestiones urgentes, que son el pago a los jubilados, los fondos de crédito especiales para las comisiones, el pago a los funcionarios que falta, y la confianza de la ciudadanía por sobre todas las cosas”, dijo Wagener tras conocerse el dictamen a favor de la intervención por parte de la comisión especial de la Cámara de Diputados.
Enfatizó que “bajó muchísimo la recaudación porque la ciudadanía ya no confía en él”, refiriéndose a Nenecho.
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Una de las jubiladas, en entrevista con C9N, manifestó que ya hubo seis jubilados que fallecieron de infarto en medio de esta situación. “El intendente está reteniendo un dinero que no es de él, porque eso fue descontado de los activos que tiene que ir directo a la Caja”, dijo, y añadió que debe recurrir a las colectas para sobrellevar la falta de pago.
“Reclamamos que transfiera esa plata, que no lleve más a la Cuenta Única”, expresó la jubilada.
El pasado 7 de mayo, tras una consulta del concejal Álvaro Grau (PPQ) en la sesión de la Junta Municipal, el director de Relaciones Interinstitucionales, Mario Balbuena, reveló que “el dinero que se descuenta de los funcionarios activos sale de la Cuenta Única”.
Dicha figura fue mencionada en reiteradas ocasiones por las autoridades municipales al ser cuestionadas sobre el uso que se hizo de los G. 500.000 millones que correspondían a bonos municipales y que debían ser invertidos exclusivamente en obras de infraestructura.
