Aunque el periodista australiano Julian Assange, de 48 años, cumplió la pena de 50 semanas de cárcel por haber quebrado en 2012 las condiciones de su libertad condicional, continúa en la prisión de Belmarsh (oeste de Londres), después de que el pasado día 11 un tribunal considerara que se podría dar a la fuga si abandonaba la celda.
El pasado junio, el ahora titular de Economía británico, Sajid Javid, firmó una orden para permitir que Assange sea entregado a Washington, que le reclama por cargos que pueden suponer una condena de hasta 170 años de prisión.
La Justicia estadounidense lo requiere por los miles de documentos secretos que aireó su portal WikiLeaks y le acusa, entre otros delitos, de “conspiración” para infiltrarse en sistemas informáticos gubernamentales.
En la vista técnica celebrada este lunes, la magistrada Vanessa Baraitser convocó para el próximo 19 de diciembre la siguiente audiencia administrativa previa al juicio de extradición fijado para el 25 de febrero del próximo año, que durará cinco días.
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La jueza denegó una petición de la defensa del australiano para aplazar durante tres meses el arranque de ese proceso judicial.
Por su parte, en su comparecencia, Assange, que lució un traje azul marino, tuvo algunas dificultades con el habla a la hora de confirmar su identidad y fecha de nacimiento, con titubeos, pausas y tartamudeos, de los que se han hecho eco los medios británicos.
El abogado del activista, Mark Summers, se refirió al caso de su cliente como “un intento político” de achacar a los periodistas “las consecuencias de publicar información”, algo que tildó de “legalmente sin precedentes”.
El letrado acusó también al Gobierno estadounidense de haber “interferido” en conversaciones privadas mantenidas entre Assange y sus abogados en la embajada de Ecuador en Londres, donde estuvo asilado durante casi siete años.
Entre esas intromisiones incluyó “copiar de manera ilegal teléfonos y ordenadores” y mencionó a “hombres encapuchados que irrumpían en sus oficinas”.
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Assange, por su parte, lamentó la “difícil” situación en la que se encuentra ahora y consideró que se enfrenta a “un súperpoder” con “recursos ilimitados”.
En otro momento de la vista, pareció que el activista trataba de reprimir las lágrimas al admitir que no puede “pensar con claridad”.
Entre los simpatizantes del periodista, se personaron hoy en la sala de ese tribunal el ex alcalde laborista de Londres Ken Livingstone y el periodista y documentalista John Pilger.
El pasado mayo, WikiLeaks manifestó su grave preocupación por el estado de salud del pirata informático, después de que éste fuera trasladado a la unidad médica de la cárcel.
