La Asociación de Profesionales Taxistas de Asunción (APTA) atraviesa un proceso de reordenamiento financiero profundo tras años de dificultades acumuladas, con una deuda significativa vinculada principalmente a su estación de servicio. En febrero en asamblea se plantearán nuevas líneas administrativas a seguir. La asociación en tanto arrendó su estación de servicio por 11 años.
Francisco Brítez, referente del gremio, explicó que el 2026 marca una nueva etapa institucional luego de la renuncia del anterior presidente, Marcos Morales, y en medio de un escenario heredado sin capital operativo.
“Estamos pagando cuentas, gracias a Dios estamos cancelando todas las cuentas que tenemos, ya cancelamos todo hasta el mes de diciembre, los salarios, todo ese tema”, señaló Brítez, al describir el inicio de una etapa que busca normalizar la situación económica y administrativa de la asociación.
El pasivo más importante está ligado directamente al combustible. “Nosotros tenemos una estación de servicio en la cual, con la empresa, tenemos una suma un poco considerable, que son casi G. 370 millones”, detalló. A esta deuda se suman compromisos con aportes patronales, salarios, asesorías jurídicas, servicios de grúa y otros gastos operativos, aunque aseguró que la mayoría ya fue regularizada.
Según explicó, el único punto pendiente es un acuerdo de financiación con el IPS. “Solamente nos falta un acuerdo de financiación con el IPS, el aporte obrero patronal, creemos que esta semana ya, o la próxima, vamos a regularizar”, afirmó. En paralelo, la asociación cerró un acuerdo para que la empresa proveedora de combustible administre la estación de servicio mediante un contrato de arrendamiento.
La estación, propiedad del gremio desde la década de los sesenta, fue durante años un sostén clave para el sistema de taxi radio. Sin embargo, una sucesión de aumentos del combustible terminó por descapitalizar a la institución. “Hubo un momento que hubo diez veces aumento de combustible… vamos descapitalizando”, explicó Brítez, al señalar que ya en 2023 se advertía que la asociación no contaba con capital operativo.
Pese a ese escenario, descartó judicializar las deudas. “Nosotros no judicializamos nada porque son deudas que hay que cumplir, honrar”, sostuvo, y aclaró que cualquier revisión interna sobre responsabilidades será definida en la asamblea prevista para febrero.
Actualmente, la asociación opera con alrededor de 180 móviles, de los cuales 160 son permanentes. “Estamos siendo solamente máximos 180 móviles, de los cuales son 160 que son permanentes”, indicó, en un contexto todavía marcado por la desorganización posterior a la pandemia.
En paralelo al reordenamiento financiero, el gremio mantiene una disputa de fondo con las plataformas digitales de transporte. Brítez cuestionó la falta de regulación y el impacto sobre los usuarios. “Ellos también deben ayornarse a un proceso de legalización ante los municipios o ante una ley nacional”, afirmó, subrayando que una norma nacional permitiría proteger al usuario frente a tarifas variables.
“Nosotros hace más de 20 años que no tenemos aumento de tarifa… sin embargo, ellos regulan de acuerdo al momento: si hay concierto es más caro, si es diciembre es más caro”, comparó. En ese sentido, sostuvo que la aparente ventaja económica de las plataformas no siempre se cumple: “Quieren ahorrar G. 5.000 y terminan perdiendo G. 15.000 o G. 20.000”.
Desde el gremio destacan que, pese a la competencia, el taxi comienza a recuperar usuarios por cuestiones de seguridad. “Conocemos al conductor, conocemos la parada… trasladamos criaturas, avisamos, hay una serie de servicios que le gusta al usuario”, explicó Brítez.
El dirigente remarcó además que el patrimonio del gremio no está en riesgo. “El patrimonio que tenemos, aproximadamente cinco millones de dólares, eso está cubierto, no está en peligro, no tenemos hipotecas, estamos limpios de deuda”, aseguró, diferenciando el patrimonio del problema de liquidez que enfrentaron.
Con la asamblea de febrero como instancia clave, la asociación definirá el rumbo administrativo y su eventual participación en una futura plataforma municipal.
