La aprobación en el Senado de la ley de superintendencia de jubilaciones y pensiones generó una gran crisis entre la ciudadanía y el Gobierno, que quiere de forma acelerada cerrar el año con la normativa ya sancionada.
Pero esta premura sumada a la violencia en las calles podría tener consecuencias políticas para el oficialismo. Gustavo Setrini, PhD en Ciencias Políticas y vicepresidente de la Asociación de Ciencias Políticas del Paraguay (ACIPP), analizó que una reforma apresurada refuerza la imagen de un Gobierno en beneficio de las élites.
Setrini detalló que existen elementos que podrían causar este efecto sobre el proceso democrático. El primero es la desconfianza hacia el Estado, lo que puede demostrarse mediante la encuesta de Latinobarómetro de 2023, que indica que el 90% de la población paraguaya cree que el país “está gobernado por unos cuantos grupos poderosos en su propio beneficio”.
El segundo elemento es que la abrumadora mayoría en las instituciones es producto del estilo clientelar del Partido Colorado. “La mayoría en el Legislativo y el monopolio de poder de la ANR y de la facción Honor Colorado sobre los poderes del Estado no es resultado de un mandato popular democrático, sino producto de la resiliencia de la máquina clientelar del partido y de la inexistencia de una oferta electoral programática y popular desde partidos de la oposición”, apuntó Setrini.
Por último, la propuesta de reforma tiene mucha complejidad técnica y se necesita de gran conocimiento para evaluarla, indica el analista, “sobre todo para entender quiénes son los grandes ganadores y perdedores”. Igualmente, el contexto complica más el escenario, teniendo en cuenta los antecedentes de corrupción en el IPS, y los recortes y privatizaciones en gobiernos neoliberales de países vecinos. “Ganar el apoyo popular para esta clase de reforma requeriría la evaluación de autoridades independientes y desinteresadas que tienen la confianza de amplios sectores de la sociedad. En Paraguay, no existe esa clase de figuras”, sentenció.
Además, la presión del FMI sobre la ley, como condición para el acceso a créditos, es otro factor, con lo que aumenta la deuda, mientras los ricos no pagan impuesto, concluyó el politólogo.
“La represión dejará una mancha al Gobierno de Peña”
El politólogo Camilo Filártiga consideró que la violencia con la que actuó la policía contra los manifestantes deja un antecedente que marcará toda la gestión de Santiago Peña.
Aseguró que hay gran desconfianza hacia el Gobierno en su intención de aprobar de forma acelerada la ley de superintendencia de jubilaciones y pensiones.
“Es un antecedente muy negativo para este Gobierno, que tiene poco más de 100 días de haberse iniciado, la represión y detención de trabajadores y ciudadanos por ejercer su derecho constitucional a la libre movilización a la protesta es una mancha que va a acompañar y va a marcar toda la gestión de Santiago Peña”, apuntó Filártiga.
Para el politólogo, el mismo Gobierno generó una crisis, lo que va a condicionar su futuro. “Este Gobierno no es confiable y el rechazo ciudadano a la pretensión de impulsar una ley, como la de superintendencia de jubilaciones, es una muestra de ello: el gobierno inventó una crisis política que lo condiciona a futuro”, manifestó el analista.
