“El objetivo del juicio es detener el desarrollo agroganadero en dicho inmueble, con el argumento de que afecta el hábitat de grupos ayoreos, supuestamente en situación de aislamiento voluntario”, señalaron desde la Asociación Rural del Paraguay (ARP).
Asimismo, indicaron que ante la gravedad de la denuncia contactaron con los responsables del establecimiento ganadero, quienes les manifestaron que nunca han tenido problemas con las comunidades indígenas de la zona y que nunca han tenido noticias de supuestos grupos de ayoreos “en aislamiento voluntario”.
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Comunicado ARP sobre la situación de la Estancia Faro Moro. pic.twitter.com/oZcETER7wJ
— Asociación Rural del Paraguay (@arp_py) June 23, 2024
En ese sentido, recalcaron que la estancia Faro Moro lleva operando más de 30 años en la zona sin que hayan existido conflictos con las comunidades indígenas ayoreo, siendo incluso miembros de dicha comunidad trabajadores de la propia estancia.
“Los representantes del establecimiento ganadero han exhibido todos los documentos presentados por sus abogados en el juicio de amparo, que demuestran que la empresa realiza las actividades en la estancia Faro Moro en cumplimiento de toda la normativa paraguaya, que les habilita al desarrollo de pasturas y la producción agropecuaria en dicho establecimiento, contando con la licencia otorgada por el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades), así como la autorización del Instituto Forestal Nacional (Infona)”, detallaron.
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En tanto, la ARP manifestó que está firme ante la defensa de la propiedad privada como también ante el cumplimiento de la legislación paraguaya, avalados en los permisos y autorizaciones correspondientes.
“Desde la ARP no apañaremos a productores que trabajen al margen de la ley, quienes serán responsables de sus actos. Pero así también, defendemos a aquellos productores agropecuarios que, en cumplimiento de la normativa nacional, se encuentran trabajando y aportando al desarrollo del país, creando fuentes de trabajo”, aseguraron.
Sobre el punto, rechazaron los intentos de supuestas organizaciones que, con el pretexto de defender los derechos y las legítimas aspiraciones de las comunidades indígenas, las utilizan para llevar adelante sus “ocultos intereses”.
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“Esto crea incertidumbre a la producción agropecuaria, a los inversionistas y al sufrido productor nacional que, en pleno cumplimiento de la ley, ve amenazado su patrimonio y su futuro”, aseguraron.
Finalmente, instaron a las autoridades administrativas y judiciales a rechazar estos intentos, dando la seguridad a los productores paraguayos que desarrollan sus actividades en cumplimiento de las normas vigentes, de que sus derechos no serán vulnerados.
Amparo y denuncia sobre temor de genocidio
Las comunidades Jesudi, 15 de Setiembre, 2 de Enero, 10 de Febrero, Ijnapui, Jogasui, Campo Loro, Ebetogue y Tunucojai, así como las organizaciones Unión de Nativos Ayoreo del Paraguay (UNAP), Asociación Guidaigosode y Ducodegosode Ayoreo de Paraguay (AGDAP) y la Asociación Garaigosode del Pueblo Ayoreo (AGPA) denunciaron “el riesgo inminente de genocidio” de los ayoreos en aislamiento voluntario en la zona Faro Moro, en el Chaco.
En un comunicado emitido a la opinión nacional e internacional, expusieron el temor por sus vidas y las de los grupos aislados, por lo que solicitaron una medida cautelar y amparo urgentes para detener el desmonte del bosque.
Asimismo, afirmaron que el desarrollo de intensas actividades de deforestación aumentó el desplazamiento y avistamiento de los ayoreos en aislamiento voluntario.
La zona en cuestión forma parte del territorio tradicional del pueblo Ayoreo y es parte del hábitat actual de los grupos aislamiento voluntario, los únicos de no contacto fuera de la cuenca amazónica.
Esta situación preocupa a los ayoreos ya contactados y reducidos hace pocas décadas, quienes viven en diferentes comunidades adyacentes a la propiedad mencionada.
Estas comunidades han acudido a las autoridades judiciales, solicitando un amparo y medida cautelar para detener el desmonte, ya que temen por sus propias vidas y por las de los grupos aislados remanentes, que se resisten al contacto con la sociedad colonizadora y deciden mantener su forma de vida ancestral.
Denuncian proceso irregular ante la solicitud de los ayoreo
Ante el incremento de los avistamientos producidos por las aceleradas actividades de desmonte en Faro Moro, las comunidades ayoreo presentaron un pedido de medida cautelar y acción de amparo el pasado 29 de mayo.
Sin embargo, lejos de atender las solicitudes de las comunidades indígenas, el juzgado inició un proceso legal irregular y denegó el amparo, a pesar del peligro inminente que representan las obras ejecutadas.
En contra de la ley, el juez notificó a la firma arrendataria y responsable de las obras, Hekopora SA, del recurso interpuesto por las comunidades indígenas y se negó a notificar al propietario real del inmueble afectado en Faro Moro, la compañía británica Faro Moro Limited, con sede en el Reino Unido.
Esta grave decisión viola lo establecido en el Convenio de La Haya.
Ante esta negativa, las comunidades interpusieron varios recursos de reposición y apelaciones, los cuales fueron denegados sistemáticamente.
Lamentan que el juzgado y las diferentes instituciones del Estado paraguayo ignoren la presencia de los aislados, dando como mensaje que “no tienen derecho a ninguna garantía constitucional”.
Paraguay es uno de los pocos países de Sudamérica que no posee una ley que proteja a los pueblos indígenas en aislamiento voluntario; no obstante, viola la Constitución Nacional y los tratados internacionales al permitir el exterminio de grupos humanos, de acuerdo con el comunicado.
Los ayoreos reiteraron que este tipo de situaciones no se limitan a Faro Moro, sino que abarcan a todo el Chaco paraguayo.
