La medida fue tomada mediante conversaciones con la ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, y la insistencia de los familiares de las víctimas y el trabajo de la Comisión Nacional de Apátridas y Refugiados (Conare).
Los asilados fueron Myriam, María Rosa y José Villalba Ayala, hermanos de Carmen; Tania Villalba Ayala, quien sería hija de Laura Villalba, y Mariana de Jesús Ayala López (abuela).
“Se les retiró el asilo político, estos no son políticos. No es una persecución política, nunca hicieron una campaña, jamás tuvieron un afiche, no tienen un partido político, por lo tanto, son criminales comunes”, expresó el ministro.
Riera indicó que si la medida no se llega a judicializar, existe un compromiso de llevar a cabo una detención en el acto con fines de extradición “y traerlas para rendir cuentas ante la Justicia paraguaya”.
Sostuvo que la cooperación está funcionando correctamente entre ambos países y aseguró que tienen línea directa con Bulrrich. Igualmente señaló que, en caso de que los acusados intenten escapar y cruzan la frontera, podrán ser detenidos a través de Interpol, ya que las alarmas fueron activadas. “Se acabaron privilegios de otras épocas”, lanzó.
Coincidentemente, se ordenó la semana pasada el tras-lado de Carmen Villalba a un pabellón de máxima seguridad habilitado solo para ese fin en la cárcel de Minga Guazú, Alto Paraná. También fueron trasladadas Laura Villalba y Francisca Andino.
REUNIÓN. Santiago Peña se reunió ayer en Mburuvicha Róga con los familiares de los secuestrados Óscar Denis, Edelio Morínigo y Félix Urbieta. Del Gobierno estuvieron presentes, además del presidente, Pedro Alliana, Enrique Riera, Cíbar Benítez, Carlos Benítez, César Moreno Landaira, Carlos Casco y Nimio Cardozo.
De los familiares participaron María Lorena Denis, Myriam Beatriz Denis, Obdulia Florenciano, Arturo Urbieta, Liliana Urbieta, Ermelinda Agüero, Norma Urbieta, Diego Ramírez, Fidel Zavala y Silvia Cubas.
Riera anunció que el compromiso del Gobierno es colocar los carteles con fotos, nombres y alias de los buscados, con una recompensa de G. 7.000 millones para quienes den información certera de las 14 personas buscadas. Recordó que las llamadas son confidenciales y se puede utilizar el número *377.
La vocera del Gobierno, Paula Carro, afirmó que el presidente se comprometió a hacer todo lo que está a su alcance, al costo y precio que sea, para capturar a las bandas criminales ligadas al secuestro. Indicó que las acciones pueden ser a nivel nacional como internacional. “El Gobierno no va a estar satisfecho hasta desarmar y detener hasta el último operativo de estas bandas criminales responsables de secuestros y asesinatos de paraguayos. La lucha es contra cualquiera que quiera desafiar la estructura del Estado paraguayo. El Estado no puede permitir que ningún grupo u organización desafíe su estructura”, manifestó.
