Así lo explicó este miércoles la viceministra de Economía de Hacienda, Carmen Marín, quien mantendrá una reunión con los estudiantes esta jornada tras las críticas que surgieron por las limitaciones que se incluyen dentro del decreto de la Ley de Arancel Cero.
“Escuchamos los comentarios desfavorables y nosotros lo que hicimos fue tratar de reglamentar la ley en la implementación operativa. En primer lugar, lo que hicimos fue establecer la gratuidad en las universidades públicas y lo que tratamos de hacer es beneficiar la excelencia”, expresó la secretaria de Estado en entrevista con Monumental 1080 AM.
La viceministra aclaró que la normativa también tiene en cuenta los recursos públicos que se utilizarán para su implementación, por lo que, desde el punto de vista de la calidad del gasto, se reglamentó con base en varios criterios.
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“Son G. 101.000 millones presupuestados para implementar esta ley y los puntos de reglamentación son importantes para premiar la excelencia. Estos criterios surgieron de una mesa de trabajo con la UNA y el Ministerio de Desarrollo Social”, alegó.
Según detalló la viceministra, el 80% de los ingresantes a la universidad pública tienen entre 18 a 23 años, mientras que de cada 10 estudiantes que acceden, 7 terminan la carrera en el periodo de duración ordinaria de las diferentes carreras.
“Los criterios que se implementaron van de acuerdo a estas cifras y también se va a establecer un registro para verificar la situación de vulnerabilidad de las personas y en función a eso se tomará la decisión de dar el beneficio”, sostuvo.
Marín insistió en que el decreto tiene la mirada de cuidar los recursos públicos; no obstante, manifestó la apertura de la institución para conversar con los estudiantes sobre los puntos que se cuestionan.
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El repudio y la exigencia de los estudiantes se da luego de que el Poder Ejecutivo reglamentara la Ley de Arancel Cero. Los universitarios argumentan que la normativa limita el acceso a la educación gratuita a miles de jóvenes.
En el caso de los estudiantes egresados de la Educación Media del sector privado, deben acreditar su situación de vulnerabilidad para acceder al beneficio. Se deberá gestionar ante el Ministerio de Desarrollo Social.
Además, “durante la carrera de grado y a fin de continuar con el beneficio señalado, el estudiante no deberá sobrepasar dos años al periodo establecido en el proyecto académico o currículo de cada carrera”.
También establece que no tendrán la gratuidad aquellos estudiantes que sobrepasen los cinco años de egresados de la Educación Media, contados desde el momento de la solicitud a los cursos de admisión y similares.
En ese sentido, Mauricio Kiese, estudiante universitario, explicó a la misma emisora radial que el sector pide un nuevo decreto, donde queden anulados estos tres puntos que se consideran ilegales e inconstitucionales.
“Estos tres puntos están modificando la Ley y estos aspectos no son limitados. Por eso solicitamos un decreto nuevo en donde se queden anulados estos puntos que son inconstitucionales”, dijo el estudiante.
