21 nov 2026

Aplanadora cartista aprueba el veto para evadir control de CGR

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Agenda cartista. Abed sonríe (der) tras la decisión de mayoría que abona la impunidad.

Rodrigo Villamayor

La Cámara Baja aceptó el veto total del Ejecutivo en relación al proyecto de ley que modifica el Código de Organización judicial, que en la práctica otorga al Tribunal de Cuentas funciones superpuestas en perjuicio de la Contraloría al que las diferentes administraciones públicas puentean sin oposición de una ley. Pasa al Senado.
Nuevamente, la aplanadora cartista, apoyada en sus bancadas satélites, sumaron votos para aprobar el veto presidencial y con el impedir que la Contraloría realice su trabajo a cabalidad.

Aún cuando la suerte estaba echada, los propulsores de la ley entre ellos el diputado Jorge Ávalos Mariño abogó por el rechazo del veto y trató de persuadir a la mayoría –dado que para levantar el veto se necesitaba mayoría absoluta de 41 miembros– a la que, sin embargo, no logró conmover, puesto que con su clásica disciplina de bancada y haciendo uso de su clara mayoría el cartismo se impuso.

Por su parte, el diputado Ávalos Mariño respaldó el rechazo del veto, ya que varias instituciones evitan el control de la Contraloría planteando inconstitucionalidades.

“Diferentes instituciones recurren al Tribunal de Cuentas y con eso consiguen que este se declare competente para remitir sus documentaciones y eso hace que la Contraloría no pueda ejercer ningún tipo de control”, mencionó.

Entre tanto, la diputada Rocío Vallejo también manifestó su rechazo al veto. “Que yo sepa, el Tribunal de Cuentas no mostró ningún resultado ni realizó ninguna denuncia sobre la rendición de cuentas e irregularidades encontradas al Ministerio Público”, señaló.

También el diputado Mauricio Espínola subrayó que “ninguna inconstitucionalidad que se plantea, excluye de su rol de auditor nacional a la Contraloría.

Sin embargo, primó para la mayoría el argumento de la líder de bancada cartista, Rocío Abed, quien se mostró de acuerdo con el cometido del Ejecutivo, quien en su veto planteaba la intención de solucionar “la controversia entre las competencias de ambas instituciones”.

Posterior al amplio debate, luego de que sean expuestas las diferentes posturas, la mayoría decidió aceptar el veto del Poder Ejecutivo.

La iniciativa que había impulsado el propio contralor, Camilo Benítez, buscaba impedir que instituciones evadan el control con una suerte de refugio en el tribunal de cuentas.

<b>40</b> votos de cartistas y aliados dieron mayor atribución al Tribunal de Cuentas para evadir control de la CGR.

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