El superintendente de Salud, Dr. Roberto Melgarejo Palacios, y el defensor del Pueblo, Rafael Ávila, suscribieron ayer el convenio para el trabajo conjunto de fiscalización.
Apuntan al cierre de clínicas privadas y estéticas en situación irregular con el operativo Ñemboty y detectar las que no cumplen con las normas durante las fiscalizaciones. Se intensifican los controles tras el caso de una mujer de 66 años, que falleció después de una lipopapada realizada en una clínica odontológica.
“Hoy en día, muchos tratamientos estéticos implican riesgos similares a los de un procedimiento médico. Nuestra labor es garantizar que estos establecimientos operen con quirófanos adecuados, equipamiento certificado y personal altamente capacitado”, explicó el superintendente de Salud. El defensor del Pueblo, Rafael Ávila Macke, dijo que el convenio amplía el alcance de la protección ofrecida a la ciudadanía.
