16 dic. 2025

Anuncian el inicio de transformación del Estado con la nueva ley de Peña

La normativa de reorganización fue promulgada por el Ejecutivo. Economía debe encargarse de aplicar las reformas. Resalta el principio de centralidad de las funciones en los ministerios.

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Modernización. Anuncian la reorganización del Estado.

Gentileza

El gobierno anunció ayer la promulgación de la ley que regula la función administrativa del Estado, que se basa en una reorganización de las instituciones apuntando a centralizar las funciones, ordenar y evitar que se dupliquen. Fue impulsada por Santiago Peña en este periodo, pero comenzó con la gestión de Mario Abdo Benítez.

La ley fue presentada como el inicio de la transformación del Estado, luego de 115 años, según el asesor jurídico de la Presidencia, Roberto Moreno. La normativa publicada no contiene los cambios específicos que se realizarán porque eso queda a cargo de la reglamentación que está pendiente y del proceso que comienza con esta herramienta; es decir, podría ser un tiempo largo de aplicación.

En la ley se citan reglas que evitarán la creación de entes, lo que solo podrá darse si hay una necesidad y de forma excepcional. También se bloquea la duplicación de las instituciones.

Para Moreno se trata de la transformación hacia un Estado moderno. Citó principios como una gestión pública por resultados, gastos destinados a las funciones misionales más que administrativas y la creación de una plataforma de transparencia.

Finalmente, se establece el concepto de rectoría sectorial, que significa que se reagruparán funciones estatales por sector, y un ministerio se encargará de ser rector por cada área.

El Ministerio de Economía será la autoridad de aplicación y debe diseñar las estrategias de centralización en los ministerios, un estilo que ya viene aplicándose en este gobierno, que apunta a centralizar funciones, como fue el caso del proyecto Hambre Cero y también la creación del Gabinete Social, que tiene a su cargo 26 instituciones.

La viceministra de Capital Humano, Andrea Picaso, explicó que la normativa promulgada eliminó cualquier intención de fusionar instituciones como estaba previsto en un principio. Indicó que si en algún momento se pretende recurrir a esto se presentará una ley específica.

Otro elemento subrayado por las autoridades fue la mejora de la calidad del gasto público con esta normativa, ya que se podrá ordenar mejor la composición de las instituciones.

El procurador general, Marco Aurelio González, afirmó que la ley establece las competencias comunes de las instituciones y que se despeja una laguna que acarreó en su momento problemas.

Finalmente, se prevé que una institución pueda encomendar a otra una actividad propia por no tener los recursos o capacidad suficiente para llevarlas a cabo en ese momento.

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