“Ayer presenté ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos @CIDH la demanda internacional contra el Estado Plurinacional de Bolivia por su negación a mi derecho al juez natural, mi derecho a #JuicioDeResponsabilidades, como me corresponde como expresidente de Bolivia”, señaló Jeanine Áñez en sus redes sociales, que son manejadas por su familia.
Áñez, detenida desde marzo de 2021, enfrenta varios procesos por la crisis de 2019, que para el oficialismo fue un “golpe de Estado” en contra de Evo Morales, mientras que la oposición sostiene que en ese año se cometió un fraude electoral a favor del entonces presidente en las anuladas elecciones.
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La ex presidenta interina en un principio fue detenida por el caso “golpe de Estado I”, en el que se le acusa de terrorismo, del que luego derivó el proceso “golpe de estado II”, por el que fue sentenciada a 10 años de prisión en junio de 2022 por situarse “indebidamente” en línea de sucesión constitucional después de la renuncia Morales y de otras autoridades.
El oficialismo argumenta que Áñez debe ser juzgada por la vía ordinaria debido a que la Constitución y la Ley de Juicio de Responsabilidades vigentes no incluyen la segunda instancia, contrario a lo que señala el Pacto de San José que reconoce el derecho de “recurrir el fallo ante juez o tribunal superior”.
Áñez ha reiterado en cada una de las audiencias por los varios procesos en su contra que no reconoce la jurisdicción de la vía ordinaria y exige que sus actos sean juzgados en un juicio de responsabilidades como corresponde por haber ocupado la Presidencia interina del país (2019-2020).
