El analista en seguridad y política Juan Martens expresó a NPY que no se pueden desconocer los precios exorbitantes de casas de fin de semana que se ofrecen en la ciudad de San Bernardino, o alquileres de hasta G. 83 millones que solo empresarios vinculados al crimen organizado pueden pagar.
Asimismo dijo que desde hace unos años, San Bernardino se está convirtiendo en un centro logístico de “patrones vinculados al narcotráfico”, quienes aprovechan las conexiones de la ciudad con diferentes rutas y el aeropuerto, además de que las personas pasan desapercibidas en verano.
De igual manera, Martens detalló que el año 2021 cerró con 56 casos más de asesinatos en todo el país, principalmente en Concepción, Central y Cordillera, por lo que se tiene un aumento de la violencia letal en el país y en zonas donde no se registraban este tipo de hechos.
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El analista sostuvo que el poco temor de los narcotraficantes para realizar acciones en espacios masivos se debe a que se cuenta con la tolerancia social y la filtración institucional que les permite la impunidad de sus actos.
También afirmó que en la memoria reciente no existen casos de sicariatos en espacios tan masivos, pero que solo el viernes pasado ejecutaron a una persona sobre la ruta en Yby Yaú de unos ocho disparos.
“Cada vez más vemos escenas de violencia pública, donde no se teme la reacción social ni institucional y esto nos habla de la impunidad y de las relaciones con el poder político, poder fiscal y judicial, ya sea con connivencia directa o por temor, pero lo que no se puede negar es el avance y la impunidad”, remarcó.
Sobre el punto, dijo que no se tiene un análisis de correspondencia de los bienes que tienen los jefes y que la conexión que hay con el crimen organizado es muy notoria, debido a que se tienen comisarios condenados por hechos de narcotráfico.
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Sobre la cantidad de personas asesinadas al estilo sicariato, explicó que solo en enero se registran 36 fallecidos y adelantó que las cifras podrían volver a subir en este 2022. Unas seis víctimas por equivocación también se registraron en el 2021.
El analista afirmó que la política de seguridad debe tender a la disminución de la violencia letal y la interceptación de bienes vinculados al narcotráfico, por lo que órganos de control, como la Contraloría, deben analizar los bienes de fiscales y jueces que estén trabajando en las zonas con presencia narco.
“Narco-Estado”
El analista manifestó que es notorio que el narcotráfico financia cada vez más a los actores políticos, como candidatos y precandidatos, y que no hay vergüenza al asociarse con actores vinculados al narcotráfico en los gobiernos departamentales.
“En el 2023 vamos a tener seguramente senadores y diputados ligados al narcotráfico o directamente involucrados y eso también tiene que ver con la regulación del dinero que ingresa a las campañas políticas”, aseveró.
Martens avizoró un 2023 con una gran afluencia de personas vinculadas al narcotráfico y que incluso ahora ya se los ve haciendo campaña, pese a ser conocidos del negocio criminal.
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“En algún nivel estamos en el narco-Estado, si tomamos que actores del narcotráfico están en el poder, son concejales, son intendentes, pero son empresarios también, son ganaderos, sojeros, representantes del Poder Legislativo”, remarcó.
Finalmente, dijo que existen muestras de que el narcotráfico seguirá ganando espacios y que se debe combatir de manera integral.
Dos personas fueron asesinadas a tiros durante el concierto realizado en el anfiteatro de San Bernardino, entre ellas, la modelo e influencer Cristina Aranda, quien habría sido una víctima colateral.
Otras cinco personas también resultaron heridas, entre ellas un hombre, identificado como José Luis Bogado, que cuenta con orden de captura internacional por tráfico internacional de drogas y armas. La otra víctima fatal fue identificada como Marcos Rojas Mora.
