Según informaron este jueves fuentes oficiales, los ministros de Seguridad, Sabina Frederic, y de Justicia, Martín Soria, y la titular del Fisco, Mercedes Marcó del Pont, todos denunciantes en esta causa, aportaron ante la Justicia nuevo material probatorio.
Además, en la ampliación de la denuncia, extienden las presuntas responsabilidades a tres altos ex cargos del Gobierno de Macri: el ex jefe de Gabinete Marcos Peña, el ex canciller Jorge Faurie y el ex secretario de Asuntos Estratégicos Fulvio Pompeo.
La denuncia inicial fue presentada el pasado mes de julio y se centra en el presunto “envío ilegal de armamento y municiones” a Bolivia, “material represivo” que, según los denunciantes, fue puesto “a disposición de la dictadura” de Jeanine Áñez.
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La denuncia se presentó luego de que el Gobierno de Fernández iniciara una investigación administrativa con el objetivo de recabar documentación sobre el presunto envío de material a Bolivia.
El material llegó presuntamente en un avión de la Fuerza Aérea argentina, que arribó a La Paz el 13 de noviembre de 2019 con un grupo de efectivos de la Gendarmería Nacional (Policía de frontera de Argentina) destinados a brindar seguridad a la embajada argentina en Bolivia.
Los efectivos argentinos llegaron a La Paz un día después de que Áñez asumiera la Presidencia de Bolivia luego de que Evo Morales dejara el poder el 10 de noviembre, denunciando ser víctima de un golpe de Estado.
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Según la investigación administrativa realizada por el Gobierno argentino, en los registros oficiales consta la salida de armas de fuego, municiones, chalecos antibalas, espráis de gas pimienta y granadas de mano de gas hostigamiento, entre otros materiales.
Según afirmaron fuentes del Gobierno de Fernández, con las nuevas pruebas presentadas “se demuestra que las más altas autoridades políticas del Gobierno macrista sostuvieron encuentros con los funcionarios de menor rango que instrumentalizaron el contrabando ilegal, horas antes de que despegue el avión militar con el cargamento ilegal con destino a Bolivia”.
Las nuevas pruebas aportadas incluyen los registros de ingreso a la Casa Rosada, sede del Ejecutivo argentino, del 12 de noviembre de 2019 que, según los denunciantes, “evidencian que la decisión de enviar material represivo a Bolivia” se tomó en ese lugar.
