La rendición de cuentas presentada ante la Contraloría General de la República por parte de la Gobernación del Alto Paraguay revela que los fondos de emergencia por Covid-19 fueron destinados en gran parte a construcciones y reparaciones en parroquias y capillas, entre otras sedes de la Iglesia Católica de la zona.
Fuera de la crisis sanitaria y económica que generó la pandemia en todo el país, Alto Paraguay ya sufría por falta de agua en diferentes ciudades, principalmente en Toro Pampa, donde la población debe consumir lo que se junta en los tajamares. Igualmente, entre otras necesidades, esta parte del Chaco no cuenta con energía eléctrica estable, pasando días incluso sin luz.
Pese a las históricas carencias, el gobernador del Alto Paraguay, José Domingo Adorno Mazzacote, gastó G. 2.302.632.738 en proyectos parroquiales.
Entre las obras llevadas a cabo con los fondos de emergencia se encuentran la ampliación de la iglesia vicaría Sagrada Familia; construcción de la parroquia San Roque González de Santa Cruz; construcción del tinglado en el predio de la capilla San Pedro Apóstol; construcción y compostura de tres baños; confección y colocación de columnas; confección y colocación de portones en el polideportivo parroquial; proyecto Ñandejára Guasu; construcción del cercado de la obra de las Hijas de María Auxiliadora; reparaciones varias y arreglo de la casa de las Hermanas de la Caridad.
Las 17 gobernaciones del país recibieron a finales del año pasado USD 1.000.000 mediante la ley “de apoyo financiero a los gobiernos departamentales para la reactivación económica y la ejecución de obras de infraestructura que generen fuentes de trabajo durante la pandemia del Covid-19”.
Posteriormente, en mayo de este año, volvieron a recibir USD 1.000.000, tras la aprobación de la ley “que establece medidas en el marco del plan de recuperación económica por los efectos causados por la pandemia Covid-19, bajo el eje de protección social”.
En total, la Gobernación del Alto Paraguay recibió G. 12.763.999.100 durante las dos entregas.
POLÉMICA. En setiembre pasado, la diputada liberal Celeste Amarilla denunció durante la sesión de la Cámara Baja que los habitantes de Toro Pampa no tienen agua potable y culpó al Partido Colorado. La localidad está a 65 kilómetros de Fuerte Olimpo, capital departamental, y los afectados cerraron rutas para exigir a las autoridades una solución para garantizar el servicio.
Amarilla cuestionó que las personas deban consumir agua de tajamar y que los diputados solo vayan a verlos para buscar votos. Reclamó una respuesta al gobernador José Adorno y lo acusó de hacer oficina en Asunción.
El diputado de Honor Colorado, Edwin Reimer, defendió al gobernador y dijo que la protesta estaba politizada.
Sin embargo, los pobladores, entre ellos líderes de comisiones vecinales, repudiaron las expresiones del legislador señalando que son reclamos de larga data que nada tienen que ver con la influencia política.
Igualmente, la diputada también cartista Marlene Ocampos salió a favor de los manifestantes, resaltando que hasta los estancieros tienen agua para sus vacas, pero no para los ciudadanos de Toro Pampa. “Si salieron a cerrar la ruta, qué más les queda, están en su derecho, el que no llora, no mama”, dijo.
Las localidades de Toro Pampa y Fuerte Olimpo acceden al agua potable con frecuencia mediante camiones cisterna de la Essap. Las más afectadas son las comunidades indígenas.
