La nueva ley establece que todas estas dependencias se fusionan en el RUN, que queda en manos de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Sin embargo, existen dudas sobre su aplicación y temores de que el nuevo sistema termine amenazando la seguridad jurídica de la propiedad privada en el país.
Según Wulfran, quien remitió una nota al Parlamento sobre el tema y al Ejecutivo, se requieren modificaciones a la ley, debido a que la misma tendría una serie de inconsistencias y “atropella lo estipulado en la Constitución Nacional, el Código Civil el Código de Procedimientos Civiles, creando una inseguridad jurídica”, según González.
El mismo considera que es necesario que el Ejecutivo mantenga cierto poder de control y que no quede todo en manos del Poder Judicial, ya que cree que, en un litigio sobre tierras, se convertiría en juez y parte.
“Por todas estas irregularidades, como ser: invasión del ámbito del Poder Ejecutivo y las contraposiciones con el Código Civil y Código de Procedimientos Civiles, solicito a las autoridades, la derogación o modificación de esta Ley”, señala su escrito, donde cita como respaldo al ex diputado Carlos Duarte y al ex senador Enrique González Quintana.
