“Si yo fuera miembro del Parlatino, iría legal o ilegalmente a sesionar en Bruselas”, sede del Parlamento Europeo, dijo García en una conferencia de prensa en el Palacio de Gobierno de Lima, en la que se mostró seguro de que su propuesta “movería (haría reaccionar) a Europa”.
Para el presidente de Perú, Alan García, la norma aprobada por la Eurocámara el 18 de junio de este año es “una decisión exagerada, injusta y no retributiva”, que tiene por explicación de fondo la crisis económica que afecta a todo el mundo. EFE | Ampliar imagen
García recalcó que existen “millones de latinoamericanos en Europa esperando saber qué hacen sus políticos de Latinoamérica y sus gobiernos”, al abogar por un gesto que dé un mensaje “fuertísimo” a este colectivo de inmigrantes.
En ese sentido, “no es exagerado que se le pida el local al Parlamento Europeo o se sesione de hecho en Bruselas, y no duden que decenas de miles de personas concurrirían o estarían pendientes de la reunión de los parlamentarios latinoamericanos en Bruselas”, consideró.
El jefe de Estado peruano también sugirió que la iniciativa latinoamericana debería contar con el apoyo de “los medios de comunicación más lúcidos e influyentes” de Europa, así como de intelectuales, académicos y autoridades locales que estén contra la aplicación de la ley del retorno.
El mandatario, quien se reunió hoy con una delegación del Parlatino, encabezada por su presidente, el senador chileno Jorge Pizarro, también se mostró convencido de que el pueblo europeo no permitirá “ningún esfuerzo o acción que intente poner en marcha de manera masiva esta legislación”.
Para García, la norma aprobada por la Eurocámara el 18 de junio de este año es “una decisión exagerada, injusta y no retributiva”, que tiene por explicación de fondo la crisis económica que afecta a todo el mundo.
La polémica norma establece que los indocumentados pueden permanecer retenidos hasta un período máximo de 18 meses en casos excepcionales, mientras se tramita su repatriación, a lo que se suma una prohibición de cinco años para retornar a la UE.
La UE envió el mes pasado una misiva a los países de la Comunidad Andina (CAN) para explicar que la norma sobre el retorno de los irregulares refuerza “la seguridad jurídica” de estas personas, a la vez que intenta garantizar que los inmigrantes legales tengan los mismos derechos que los ciudadanos comunitarios.
Con ese documento, los Veintisiete intentaron tranquilizar a esos países reafirmando el “fuerte compromiso” europeo con los derechos humanos y la lucha contra el racismo, la xenofobia y el tráfico de personas.
Las autoridades de Perú creen que la aplicación de esta norma podría afectar a ocho millones de inmigrantes latinoamericanos, entre ellos a 200.000 ciudadanos de ese país.
