El ala moderada del cartismo quiere evitar que se dañe nuevamente la imagen del país, ya que el caso se asemeja al de la ex senadora Kattya González, quien en el mes de febrero fue expulsada del Senado con una denuncia presentada por algunos cartistas contra los funcionarios de su oficina, que la misma Fiscalía archivó tiempo después.
Cabe recordar que tras la expulsión de Kattya, los embajadores europeos y de Estados Unidos se solidarizaron con ella. Asimismo, varios organismos internacionales como la OEA se pronunciaron contra la decisión del Congreso.
Este caso sirve como antecedente a un sector del Gobierno que intenta evitar un desgaste ante el desenlace que desencadenar y la atención a nuestro país por una decisión antidemocrática y, sobre todo, porque esta vez atentará contra la Justicia.
Asimismo, en este momento el Gobierno está en el ojo de los inversores luego de que la calificadora de riesgos, Moody’s haya otorgado al Paraguay el grado de inversión, lo que significa que nuestro país está en una vidriera importante.
En la próxima sesión, los miembros del JEM deberán resolver si destituyen o no al fiscal Luis Said.
La denuncia contra Luis Said fue presentada por Retamozo cuando era titular de la Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP) por un supuesto perjuicio de G. 5.300 millones, argumentando que no se cumplieron las diligencias fiscales.
No obstante, el fiscal Said no solamente llevaba esta causa, sino otras emblemáticas, como la del hermano de Basilio Núñez, el ex gobernador de Presidente Hayes, Venancio Ñoño Núñez, quien fue condenado recientemente a 11 años de cárcel, mediante la labor investigativa que hizo el fiscal.
Todo apunta a que esta sería la causa de la destitución del fiscal, quien precisó que un político está detrás de su remoción.
También tuvo a su cargo la causa de Froilán Peralta en UNA No te Calles y de Ramón González Daher y otros, donde logró la condena de los acusados.
Cabe recordar que Said confesó que era inminente su destitución ante la presión política. Agregó que se reunió con varios miembros y lamentó que “no escuchen razones jurídicas”. “Muchos de ellos, me dijeron el año pasado y me lo estuvieron diciendo que todo está bien, que mis argumentos jurídicos son válidos. Sin embargo, tengo la noticia de que eso se revirtió, que alguien se estuvo moviendo fuerte”, relató.
Al día siguiente, se leyeron los alegatos finales, donde el fiscal acusador, Celso Ayala, señaló que se le atribuyen dos hechos: Inacción y la falta de imputación.
A su vez, dividió cuatro periodos el primer hecho. “El primer periodo de siete meses de inactividad, el segundo periodo de seis meses de inactividad, el tercer periodo nueve meses de inactividad y el cuarto periodo de trece meses de inactividad. Estamos ante 35 meses en total de inactividad. Eso sería aproximadamente dos años y once meses, casi tres años de los cinco años que le cupo investigar”, citó.
Ayala se refirió también al descargo de Said. “El acusado nos solicita la extinción del proceso por vencimiento de los 180 días del plazo”, dijo y mencionó que el 2 de agosto finaliza este plazo.
En segundo lugar, señaló que Said solicita la nulidad del proceso por vicios en la intervención de un miembro en el auto de enjuiciamiento. Remarcó seguidamente que su enjuiciamiento tuvo siete votos coincidentes de los miembros del JEM.
