En la importante diligencia, el magistrado resolverá si la causa va o no a juicio oral y público, tras analizar la acusación de la fiscala María Estefanía González, que pide elevar el caso a esa instancia.
Con relación al ex gerente del proyecto, Guillermo Alcaraz, el juez deberá resolver la extinción del proceso y el sobreseimiento definitivo tras su fallecimiento. Su deceso ocurrió en la Argentina, por lo que se debe legalizar el documento.
En el caso, según la acusación, el perjuicio patrimonial para el Estado es de G. 180.030.528.699. Son varios los puntos cuestionados, entre ellos que no existió proyecto final; no se obtuvo permiso de los municipios; no se liberó la franja de dominio del tramo 3; se pagó a dos consultorías de propiedad de un solo dueño, entre otros.
