EFE
Por estos hechos están siendo juzgados once campesinos, en un proceso iniciado en julio pasado y que está cerca de finalizar, después de que la pasada semana se realizara una inédita reconstrucción en el lugar de los hechos, en la que intervinieron un centenar de testigos.
La masacre se produjo el 15 de junio de 2012, cuando varios centenares de policías acudieron a desalojar a unos 70 campesinos que ocupaban unas tierras para pedir que se integraran a la reforma agraria.
Durante el operativo se originó un tiroteo que acabó con la vida de once campesinos y seis policías.
Amnistía lamentó este lunes en un comunicado que “de forma preocupante, el juicio ha versado únicamente sobre la muerte de los seis policías”, mientras que “ninguna persona ha sido investigada por la muerte de los once campesinos”.
Además, declaró que “tampoco ha sido acusada ninguna persona por las alegaciones de tortura y otros malos tratos durante la detención policial, hechas por varios campesinos”.
Agregó que la Fiscalía también rechazó investigar las acusaciones hechas por los abogados defensores y organizaciones de derechos humanos sobre un presunto uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía e ignoró, además, las denuncias sobre un supuesto manejo indebido de la escena del crimen.
Amnistía recordó que “las autoridades están obligadas a realizar investigaciones independientes e imparciales sobre todas las denuncias de violaciones de derechos humanos, y deben garantizar que las víctimas y sus familias tengan acceso a una reparación adecuada”, según las obligaciones internacionales contraídas por el Estado paraguayo.
Además, reiteró que la Corte Interamericana de Derechos Humanos afirma que, “ante casos de privación de la vida, los Estados tienen la obligación de investigar efectivamente los hechos, especialmente cuando están involucrados agentes estatales” para evitar que estos hechos se repitan en un “ambiente de impunidad”.
Y volvió a exigir al Estado una investigación “exhaustiva, independiente e imparcial” sobre la masacre de Curuguaty, tanto acerca de las muertes, como de las denuncias sobre tortura, malos tratos y otras violaciones de derechos humanos.
Pidió, además, que los presuntos responsables de estos hechos “comparezcan sin dilación ante la Justicia”, y reclamó a las autoridades que garanticen el debido proceso de todas las personas acusadas.
La actuación de la Fiscalía en el caso Curuguaty suscitó en enero la reacción del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, cuando dos de su 47 Estados miembros pidieron a Paraguay “garantizar investigaciones imparciales e independientes” para esclarecer las denuncias sobre el caso y solicitaron la conformación de una comisión de investigación independiente sobre la masacre.
Por su parte, el Comité de Derechos Humanos de la ONU, formado por expertos independientes, emitió en 2013 una recomendación al Estado paraguayo para “asegurar la investigación inmediata, independiente e imparcial” del caso.
El comité mostró, además, su preocupación por las “alegaciones de importantes irregularidades en el accionar del Ministerio Público, Judicatura y fuerzas de seguridad”.
Pidió también esclarecer todos los hechos denunciados por las víctimas, como “torturas, detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales y posibles violaciones del debido proceso”, según la recomendación de marzo de 2013, disponible a través del Sistema de Monitoreo de Recomendaciones (Simore) del Gobierno.
La masacre de Curuguaty sirvió de base al entonces opositor y hoy gobernante Partido Colorado para impulsar la destitución de Fernando Lugo en un juicio político tildado de irregular por organismos internacionales como Unasur y Mercosur.
