Señaló que el Poder Judicial debe dar la orden a la Procuraduría General de la República (PGR) y está a su vez al Ministerio de Defensa.
En cuanto a los demás ocupantes de la finca, el ministro resaltó que no existe una orden de desalojo.
“Esa es una medida que depende de un juez y hasta el momento no hay”, resaltó.
“No queremos entrar hasta que el juzgado nos dé una orden para ingresar”, dijo el ministro.
Señaló que cuando se tome plenamente uso de toda el área se va a determinar que uso se le va a dar.
El ministro precisó que se estará viendo a qué unidad de las FFAA se estará encargando cada edificación construida por los ocupantes vips.
Cabe recordar que la Procuraduría informó que se entregaron tres llaves que corresponden a las construcciones que se realizaron en la parcela número 5 de 11.000 metros cuadrados.
El ex presidente del Partido Encuentro Nacional, Fernando Camacho, fue el tercer ocupante en oficializar la devolución de las propiedades en la zona ribereña que entraron en conflicto luego de que se conociera la irregularidad de las ocupaciones de personas de altos recursos en las tierras públicas.
Camacho entregó la parcela que tenía en posesión en Jardines de Remansito.
El político se vio obligado a renunciar a su cargo en la nucleación política luego del escándalo de las ocupaciones vips.
Inmediatamente, anunció que desistía de la parcela que tenía en posesión , pero tardó varias semanas en concretar la entrega.
Con la entrega de sus llaves, Camacho y los otros se salvan de una demanda de reivindicación, pero no de indemnización ni de una causa penal.
El 5 de octubre, Hugo Berthold Friesen y Berthold Penner Friesen desistieron de su ocupación y entregaron las llaves de sus propiedades.
Con ese hecho, ambas personas reconocieron la titularidad del Estado paraguayo sobre esas tierras y accedieron a dejar las parcelas que estaban ocupando en el sitio que es de una elevada cotización en la actualidad.
De 17 ocupantes, 3 ya devolvieron sus parcelas y quedan 14, entre los que se resisten a entregar, de las 16 hectáreas de la zona ribereña.
El trato que tiene el Estado, en este caso, es muy cuestionado porque cuando se trata de personas de escasos recursos, los organismos no esperaron para desalojar y demoler las precarias casas instaladas.
