Un gran malestar generó en el entorno político y social la aprobación de aumentazos para senadores y diputados, que en su ejercicio de poder decidieron usar recursos públicos para sumar privilegios, incluso con anuencia de Santiago Peña.
Para la politóloga Rocío Duarte, se trata de una forma de demostrar que los congresistas son impunes y que sus acciones están alejadas de las necesidades de la ciudadanía.
“La autoasignación de privilegios y aumentos salariales por parte de los legisladores constituye una demostración de impunidad política, reflejando un ejercicio arbitrario del poder que carece de mecanismos efectivos de control y sanción. Este tipo de accio-nes evidencian una desconexión entre los representantes y las necesidades de la ciudadanía, ya que priorizan beneficios personales sobre el bienestar del Estado paraguayo en su conjunto”, manifestó la analista.
Si bien el monto del aumento no es muy relevante para el total del Presupuesto General, los legisladores, encabezados por Honor Colorado, decidieron darse beneficios por sobre la realidad de la población, con un aumento salarial de G. 6 millones y un sistema jubilatorio privilegiado, sumados a sus vacaciones de más de dos meses, viajes pagados, entre otros.
“En un contexto donde la desigualdad social es alarmante y los recursos públicos son limitados, estas decisiones no solo socavan la legitimidad de la representación democrática, sino que también perpetúan la percepción de que el poder político actúa sin atender a principios de transparencia ni rendición de cuentas”, subrayó Duarte.
La politóloga sostiene que igualmente todos esos montos pueden ser redirigidos a sectores más vulnerables, como la salud, donde la necesidad es alta. El mensaje político, por tanto, es claro, y tiene que ver con el desprecio del Congreso a sus representados.
“Además, estas prácticas representan una expresión de irracionalidad en el uso de los recursos públicos, desperdiciando fondos que podrían destinarse a sectores claves, como la salud, la educación o la infraestructura pública. Al desviar recursos hacia fines particularistas, los legisladores envían un mensaje de desprecio hacia las necesidades urgentes de la población, erosionando la confianza en las instituciones del Estado”, manifestó.
En este análisis, uno de los elementos más llamativos en torno a las consecuencias que puede generar el hecho de que los parlamentarios prioricen sus privilegios, es que esta actitud provocadora de indignación activa los discursos de radicalidad, una tendencia visible en gran parte de Latinoamérica y el mundo.
“Este tipo de comportamientos fomentan, además, sentimientos antisistema, alimentando el descontento social y abriendo la puerta a discursos radicales que promueven la deslegitimación de todo el orden democrático. En última instancia, esta dinámica perpetúa un círculo vicioso de desconfianza, ineficiencia y falta de representatividad en el sistema político”, concluyó la politóloga.
EN MANOS DE PEÑA. La promulgación o veto está en poder del presidente Santiago Peña, aunque ya no hay duda de que la decisión será favorable al Congreso. Es que incluso antes de la sanción del Presupuesto General de la Nación (PGN) 2025 ya le dio su visto bueno.
Peña aseguró que la cifra es muy baja, de solo G. 15.000 millones, por lo que no está dispuesto a vetar. Pero sí rechazará otros aumentos en diferentes instituciones en el Presupuesto General.
“Porque el presupuesto es de USD 17.000 millones. Hoy se está hablando de que se quiere un aumento de USD 20 millones para el Poder Judicial. Hay G. 100.000 millones y todos son reclamos justos. Pero empezamos a juntar todo eso y estamos hablando de incrementos que podrían llegar a USD 500 millones”, lanzó.
Peña, además, hizo muchos halagos al Congreso porque supuestamente le conceden todos sus pedidos y sostuvo que hay personas que quieren que el presidente tenga una mala relación con este sector.
