En una convocatoria de prensa solicitaron a los tres poderes del Estado, al Ministerio Público y otras instituciones a tomar en cuenta los casos de censura directa que afectan a la periodista Mabel Portillo, Alfredo Guachiré, al empresario, Cristian Chena y al medio digital RDN y otros en los cuales el uso del Derecho Penal es utilizado como mecanismo de amedrentamiento y censura indirecta a través de las figuras de la difamación y calumnia cuando lo que se debate son expresiones de interés público. El comunicador Guachiré, según dijo, afronta 5 demandas judiciales, 2 amenazas de muerte y en los últimos días recibió una intimidación de parte de la jueza Gloria Machuca.
Por su parte, la periodista Mabel Portillo, de Villarrica, se considera censurada luego de que fue sancionada con prohibiciones en su labor por una orden judicial, a raíz de la denuncia presentada por la intendenta de Yataity, Gloria Duarte. Ello se dio tras publicaciones de Portillo sobre una supuesta malversación de fondos en dicha Municipalidad.
En el caso del empresario Chena, denunciado por violencia contra la mujer por parte de Giselle Mousques, con quien había mantenido una contienda legal. A raíz de ello, la jueza Gloria Machuca emitió una orden de prohibición a Chena para realizar cualquier tipo de publicación y/o referirse a Mousques en sus redes sociales, medios digitales y otros similares de su propiedad.
La Sociedad de Comunicadores del Paraguay también se pronunció sobre la mala utilización de la Ley 5777 con fines de censura, hecho que consideran “una estrategia vil y muy peligrosa”.
