La actuación violenta e irregular del Grupo de Reacción de Agentes Penitenciarios (GRAP) es señalada como una cuestión preocupante y centrales dentro de la crisis del sistema penitenciario, señalaron desde el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP).
Sin dejar de mencionar los otros problemas, como el hacinamiento, el abuso de la prisión preventiva o la ausencia de los jueces de ejecución en las penitenciarías. El MNP señala a las penitenciarías como territorios en disputa y con la autoridad estatal en permanente conflicto.
También, en el informe anual 2022, hablaron sobre la existencia de pabellones de mujeres en penitenciarías de varones que conlleva a un sistema discriminación.
Resaltan la necesidad de la reforma de la Ley 1340, que reprime el tráfico ilícito de estupefacientes y drogas peligrosas, para abordar de manera distinta el microtráfico que realizan mujeres cabeza de hogar.
El MNP también destaca la actuación en el ámbito militar, con las intervenciones interinstitucionales a partir de las denuncias de tortura y maltratos en la Academil.
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El comisionado del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), Orlando Castillo, dijo que es preocupante que el Ministerio de Justicia cuente con un grupo de intervención en las penitenciarías sin un marco legal constitucional. “No nos mostraron protocolos, procedimientos y quiénes integran el grupo”, dijo a Última Hora.
Detalló que ingresan a las cárceles encapuchados, vestidos de negro y sin ningún tipo de distinción, cosa que es obligatoria.
“Este grupo es denunciado como un grupo de saqueadores. Les roban dinero, sus pertenencias personales, comida, electrodomésticos y celulares”, acotó e indicó que la Fiscalía no es comunicada de estas requisas.
Por otro lado, indicó que la persona privada de libertad busca protección y seguridad que no recibe del Estado. “Recurre a aquellos que, dentro de este ambiente, les otorga seguridad y beneficios. Estamos hablando del crimen organizado”, prosiguió.
Castillo afirmó que es el propio Estado el que empuja a la población penitenciaria, que entra por delitos bagatelarios, a que se asocie con el crimen organizado. “Esto lleva a un agravamiento de las situaciones de control, el Estado está perdiendo el control dentro de las penitenciarías”, finalizó.
