El remanido tema del aumento de penas para los adolescentes infractores sigue su curso en el Congreso. Ahora, el Senado debe revisar el proyecto de ley con el cambio que realizó la Cámara de Diputados y definir la situación.
En el proyecto original presentado en la Cámara Alta, se requería aumentar la pena privativa de libertad de 8 años (pena actual) a 20 años de prisión para los adolescentes que cometían crímenes graves.
En el análisis de los senadores, al final, determinaron que la pena máxima sea de 15 años de encierro, con lo que, una vez aprobado, el proyecto de normativa pasó a la Cámara Baja, para su revisión.
Los diputados, por su parte, cambiaron nuevamente la sanción. Es decir, le dieron un tope de 10 años, disminuyendo lo que querían los senadores, con lo que el incremento de la pena era solo de 2 años, teniendo en cuenta que la sanción máxima actual es de 8 años.
Sin embargo, ahora, los senadores deben estudiar nuevamente este cambio. Si se ratifican en su proyecto original, la pena quedará en 15 años, pero si no lo logran, quedará con la modificación de diputados.
La verdad que el proyecto es netamente populista, donde los legisladores aprovecharon la indignación por un crimen supuestamente cometido por un adolescente, para ganar figuración pública, sobre su ya desgastada imagen.
No obstante, el objetivo constitucional de la pena es proteger a la sociedad y, a la vez, readaptar a la persona a una vida sin delinquir, para que pueda reinsertarse en la sociedad.
Con aumentar las penas, este último objetivo está lejos de cumplirse, a lo que se suman las lamentables condiciones actuales de la privación de libertad en el Paraguay.
En una entrevista para ÚH, el magistrado de Ejecución de Cordillera, Juan Silva, señalaba que nuestras cárceles son para unas 12.500 personas privadas de libertad, pero, a la fecha, la cantidad de reclusos es cercana a los 20.000.
De ellos, según lo reconoce el mismo ministro de Justicia, se tiene un presupuesto de G. 9.000 (sí nueve mil guaraníes), para las proveer las tres comidas diarias a las personas privadas de libertad. Con esto, ni siquiera se puede comprar el desayuno.
Lo peor es que el Gobierno, de inaugurar con bombos y platillos, un penal moderno para las mujeres, supuestamente con todas las comodidades, no les dotó del agua ni del alimento necesario, al punto de que el juez Silva, a través de una tutela jurisdiccional de carácter general, les intimó por 22 días para que mejoraran esta situación.
Entonces, si ni siquiera podemos cumplir con lo mínimo para las personas privadas de libertad, que es el proveerles de alimento, ahora, con una ley, queremos aumentar las penas para los adolescentes.
Sé que algunos dirán que “ni siquiera tienen derecho a comer porque son delincuentes”, pero estas personas perdieron su libertad y su derecho al voto, no los demás derechos, entre ellos, condiciones de vida dignas, ya que es el Estado el encargado de su situación.
En un país donde la mayoría de la población cree que, si una persona no está presa, no existe Justicia, donde el abuso de la prisión preventiva genera sobrepoblación y hacinamiento, no buscamos soluciones, sino que ampliamos el problema.
Es evidente que incrementar las sanciones no es la forma de acabar con esta alarmante situación social que deriva en su mayor parte de la adicción de los jóvenes a las drogas. Justamente, para estas últimas no tenemos suficientes lugares.
Se debe buscar otras alternativas para el adolescente infractor. Deben implementarse políticas públicas que busquen que los mismos reciban principalmente educación, luego un trabajo digno, y así alejarse de la delincuencia.
Es que tenemos que darle esperanza para cambiar de vida. Encerrarlos más años no hará que cambien.
