11 nov. 2024

Administraciones municipales aplazadas por grave ineficiencia

Los graves sucesos climáticos que han venido afectando a nuestro país en las últimas semanas, si bien pueden ser considerados imprevisibles desnudan, sin embargo las lamentables condiciones en la que se encuentra la infraestructura de las diversas ciudades. Un ejemplo de ello son los anuncios de ciertos municipios ante cada tormenta y fuertes lluvias donde advierten sobre los puntos críticos que los ciudadanos deben evitar por los raudales. La lógica es simple, si ellos hubieran hecho un buen trabajo, no habría necesidad de advertencias.

Nuestra realidad no está signada por imprevistos meteorológicos. Es bien sabido que ciertos fenómenos, como los tornados que hace un par de semanas asolaron en dos comunidades del interior del país no son muy frecuentes. Dicen los expertos que la aparición de este fenómeno en Paraguay es muy aleatoria; de hecho que desde el 2.000 hubo casos en Concepción, Central, Alto Paraná, Guairá y Caazapá.

La historia recuerda un tornado en 1926, el cual afectó a Encarnación, evento que costó la vida a cerca de 400 personas y la ciudad quedó destruida. Creen los expertos que por el tipo de destrozos causado habría llegado a una velocidad de vientos mayores a 300 km/h., de clasificación F4 en la escala Fujita, de alta gravedad. Previo a los más recientes tornados de Mbocayaty del Yhaguy en Cordillera y el de Santaní, hace 11 años, uno de similar nivel causó destrozos en Mariano Roque Alonso y Loma Pytá, Departamento Central.

No obstante, explican los meteorólogos que en el Paraguay son más frecuente las “corrientes descendentes”, unas nubes de tormenta tipo cumulonimbus, cuyo impacto es mayor, aunque no muy mediático, pues no se ve el embudo y no se puede filmar y apuntan los expertos que además pueden causar el doble de daño que un tornado.

Todos estos fenómenos son difíciles de predecir. Sin embargo, todos ellos causan mayores daños a la infraestructura de las comunidades y a las personas cuanto más precarias son esas infraestructuras.

Recientemente, en Lambaré las copiosas lluvias sembraron el terror en los vecinos y la muerte de dos jóvenes a quienes un caudaloso raudal arrastró.

Ese caso específico es un claro ejemplo de que no fue el fenómeno climático el causante del desastre, sino las lamentables condiciones urbanas y la falta de previsión. Tras las graves consecuencias que dejó el raudal, la Municipalidad de Lambaré informó que 30 calles terminan en el arroyo Lambaré por lo cual pidió a la ciudadanía tener cuidado en estas zonas.

Parecidas circunstancias se observan en la capital, cuyas calles en días de lluvia pueden convertirse en un auténtico peligro mortal precisamente por la falta de infraestructura, como desagües y vallados de protección para evitar caer en los cauces hídricos, con la fuerza del raudal.

Desde la comuna, los encargados explican que estos puentes sin vallados se deben a varias circunstancias o no fueron instalados o bien son objeto de vandalismo y rapiñajes.

Independientemente de las numerosas excusas que a lo largo de los años han puesto los sucesivos intendentes queda claro que la precaria infraestructura es directa consecuencia de la ineficiencia, pero también de un manejo poco transparente de los recursos públicos. Eso es posible exclusivamente debido a su vez a la gran impunidad que impera en nuestro país.

Es obligación y deber de un intendente administrar y organizar la vida en la ciudad, con el objetivo fundamental de que la población goce de bienestar.

Por eso, una administración que no resuelve los problemas, sino que apenas anuncia cuáles son las zonas por donde los automovilistas y los transeúntes deben evitar circular cada vez que llueve y se forman los raudales, evidentemente no está haciendo el trabajo que le fue asignado. Porque no basta con advertir repetidamente: Zonas peligrosas, cuando su trabajo debería ser evitarlas.

Si bien es cierto que las instituciones no satisfacen las necesidades ni las expectativas en cuanto a brindar eficientes servicios, también se debe admitir que la ciudadanía tiene una responsabilidad al elegir a sus autoridades y no reclamar cuando estas no cumplen de manera eficiente.

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