La Fiscalía General de Colombia formuló acusación y llamó a juicio oral a Francisco Luis Correa Galeano, de 43 años, ante el juez penal de Cartagena. El hombre es sospechoso de articular el asesinato del fiscal Marcelo Pecci, pero se declaró inocente.
La acusación fiscal sostiene que Correa Galeano, en compañía de otras personas, decidió desplegar todas las acciones que desencadenaron en el asesinato del fiscal.
La Fiscalía imputó al hombre con el título de dolo, en calidad de coautor de los delitos de homicidio agravado, en concurso con fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego.
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Supuestamente, a Correa lo ubicaron en Medellín dos hermanos colombianos (dedicados al tráfico de cocaína y que las autoridades califican como narcos puros) a petición de una persona que hace parte de una de las redes más grandes dedicadas al tráfico de cocaína en Paraguay.
El hombre, que no aceptó los cargos y que hoy busca un acuerdo con la Fiscalía General y la DEA para evitar su extradición a Estados Unidos, afirmó que recibió 2.000 millones de pesos colombianos por la muerte de Pecci.
Francisco Luis Correa Galeano es un ex militar que después de retirarse del Ejército delinquió con Los Paisas, una banda criminal que durante años estuvo al servicio del narcoparamilitarismo colombiano.
De acuerdo al medio colombiano El Tiempo, el detonante para la muerte de Marcelo Pecci fue una orden de captura contra cinco de los siete hermanos Insfrán, emitida el 22 de abril pasado, cuando fue capturado el menor de ellos, Conrado Ramón Insfrán Villalba.
Según esta publicación, el clan Insfrán y el uruguayo Sebastián Marset, habrían ordenado el asesinato del fiscal Marcelo Pecci.
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Las autoridades paraguayas incautaron y decomisaron innumerables bienes del clan Insfrán, que es uno de los objetivos del operativo A Ultranza, que se inició el 22 de febrero y que busca desarticular un esquema criminal que se dedica al envío de drogas a puertos de Europa y África, y el posterior lavado de activos.
El megaoperativo también apunta a Marset, quien fue investigado desde el 2013, en Uruguay, y obtuvo una condena en ese país. Luego en el 2018 comenzó a frecuentar países de Sudamérica, entre ellos, Paraguay.
A partir del 2020 se habría radicado en el país y se presume que integró varias organizaciones criminales a nivel nacional e internacional, para transportar grandes cantidades de cocaína.
