El Ministerio Público presentó formal acusación y pidió elevar a juicio oral la causa contra una empresaria encarnacena por los delitos de lesión de confianza y apropiación, producción mediata de documentos públicos de contenido falso y violación del deber de llevar libros de comercio en perjuicio de socios de la empresa Recisur SA, que la acusada presidía. La firma procesadora de botellas de plásticos se encuentra ubicada en el barrio Santa María de la ciudad de Encarnación.
Se trata de Nancy Carolina Godoy Silvero, quien —según la denuncia formulada por su socio comercial Alberto Rafael Escobar Urbieta— incurrió en varias y graves irregularidades al frente de la empresa Recisur, constituida entre ambos el 11 de mayo de 2017.
La acusada Nancy Carolina Godoy —desde la conformación de la sociedad— se desempeñaba como socia presidenta, y se encargaba de la administración de la sociedad e incluso contaba con un poder especial para la administración de la firma que fuera otorgada por el ahora denunciante Alberto Escobar Urbieta, vicepresidente de la empresa.
De acuerdo con los datos que obran en la carpeta fiscal, aparentemente, los giros comerciales de la empresa marchaban bastante bien, ya que la producción de la firma era considerablemente importante.
Sin embargo, en agosto del 2018, el denunciante comenzó a notar movimientos financiero-contables dudosos, lo que le llevó a solicitar al síndico un informe, donde se encontró con un índice de endeudamiento de la sociedad de unos G. 2.900 millones. Ante esta situación, Escobar Urbieta revocó inmediatamente el poder especial otorgado a Godoy Silvero y exigió informes de la gestión administrativa; no obstante, no recibió documentación alguna.
Conforme a las constancias obrantes en la denuncia, la acusada —en su carácter de presidenta y administradora general de la empresa— realizó aparentemente desvíos de fondos de las cuentas corrientes de la empresa Recisur de dos bancos de plaza, Continental y Río, hacia una cuenta personal. Asimismo existen constancias de que abonó con cheques de la empresa de la firma a terceras personas sin ningún vínculo comercial o personal con la empresa.
Se encontraron también facturas de la empresa que eran emitidas por importantes montos de dinero, pero no constaba a qué persona o empresa eran destinados esos montos. El total de las facturas emitidas asciende a la suma de G. 365 millones.
Otro punto grave detectado por la investigación son las supuestas ventas realizadas al extranjero. Sin embargo, no existen constancias de facturas sobre la comercialización en el exterior. El monto de las supuestas exportaciones realizadas asciende a la suma de G. 1.038.562.490, que no se hallan asentadas en ningún registro contable de la empresa en cuestión.
Por otro lado, el denunciante señala que la acusada percibía sumas de dinero por la venta de productos. No obstante, solo una parte era depositada en las cuentas bancarias, desconociéndose cuál era el destino que se daba al resto del dinero. Por otro lado, Godoy obtenía préstamos a nombre de la firma sin estar autorizada para ello.
En ese sentido y conforme al informe remitido por el síndico de la empresa, este advirtió a la imputada sobre la falta de documentación del origen de la deuda de Recisur por un valor de G. 2.928.049.315, que supera el 100% el valor activo de la firma.
La acusación y elevación de la causa a juicio oral y público fue presentada por la fiscala especializada en Delitos Informáticos, María del Carmen Palazón, de la Unidad II, en contra de Nancy Carolina Godoy Silvero por la comisión de los hechos punibles de lesión de confianza, violación del deber de llevar libros de comercio y producción mediata de documentos públicos de contenido falso.
Asimismo, el Juzgado Penal de Garantías N° 3 fijó audiencia para el próximo lunes 1 de agosto de 2022, a las 10:00, a fin de dar proceso a la presentación de pruebas.
