En la siesta del pasado jueves, mientras las pantallas de los canales de televisión mostraban la deflagración en el Tribunal Superior de Justicia Electoral, las redes sociales se vieron saturadas de comentarios que ponían al descubierto la falta de credibilidad en los políticos y en instituciones como la Fiscalía General.
Cierto es que la primera reacción del presidente del TSJE, Jaime Bestard, quien dijo que no se descartaba la posibilidad de desdoblar las elecciones internas de los partidos, para que esas votaciones se realizaran en días distintos debido a la destrucción de las máquinas de votación, fue el dato que la gente necesitó para atar cabos y reforzar la sospecha de intencionalidad, faltando pocos meses de unas muy transcendentales elecciones. Tras la fuerte reacción de los dirigentes políticos y de la ciudadanía, se apuraron para descartar la idea. La duda, sin embargo, ya se había instalado.
Una de las primeras reacciones provino del coordinador de la Concertación, Guillermo Ferreiro, quien manifestó que “no hay duda” de que el incendio en el Tribunal Superior de Justicia Electoral fuera un sabotaje, pues con las internas simultáneas la gente va a poder decidir dónde participar. “Tenía dudas si esto era un sabotaje, hasta que le escuché a Jaime Bestard y ya no tengo ninguna duda. Esto es un sabotaje”. Ferreiro de paso recordó que, cuando asesinaron en 1999 al vicepresidente de la República, Luis María Argaña, todavía no se había expedido el certificado de defunción del político y la Justicia Electoral ya convocaba a elecciones para vicepresidente. Para el dirigente de la Concertación, el sistema de padrón abierto tiene sentido cuando son elecciones simultáneas, de lo contrario se prestaría para el fraude y la manipulación. La opinión mayoritaria de la oposición coincide en que el siniestro favorece a los intereses del Partido Colorado.
El segundo acto en el que quedó demostrado el profundo descrédito se inició con el anuncio de la Fiscalía General del nombramiento de un grupo de fiscales para investigar los hechos. La reacción ciudadana fue de total descreimiento, deslizando incluso la idea de que se confiaba más en la investigación de los bomberos que la de fiscales
Debe ser aclarada también la probable negligencia de los funcionarios, pues según los primeros informes, el edificio que se incendió fue el Bloque G, el cual no tuvo remodelaciones y tiene unos 15 años, pese a eso, fue utilizado como depósito de 8.500 máquinas de voto, de las 22.000 alquiladas para las internas partidarias del 18 de diciembre y en las generales de abril del 2023. Sin embargo, según Contrataciones Públicas, la Justicia Electoral había convocado en 2019 a una licitación pública nacional para la “Remodelación y ampliación del Bloque D para el Depósito y Resguardo de Máquinas de Votación Electrónica, en el marco de las Elecciones Municipales 2020 - Plurianual 2019/2020”. La pregunta obligada es, si las máquinas de votación ya tenían un depósito nuevo especial para ellas, qué hacían en un bloque más antiguo.
Existe consenso sobre mantener el cronograma electoral, los detalles técnicos para que esto sea factible serán el objeto de trabajo de los ministros del Tribunal Electoral y parlamentarios.
La quema del edificio e infraestructura de la institución que debe ser la depositaria de la voluntad popular es un hecho de suma gravedad. Las dudas y sospechas sobre la intencionalidad del incendio para favorecer al Partido Colorado también deben ser despejadas.
El sistema democrático no podrá resistir un ataque a lo que podríamos denominar como su sistema operativo. Las dudas son inaceptables, ya que la democracia y la igualdad de oportunidades de participación ciudadana están en juego.