acción de nulidad que fue promovida ante el Tribunal de Cuentas en contra del dictamen de la Contraloría General de la República (CGR), que recomendó cancelar la licitación para la modernización del Aeropuerto Silvio Pettirossi, deja un nefasto precedente y es un golpe a la transparencia, aseguró ayer el constitucionalista Hugo Estigarribia.
La medida que presentaron el pasado lunes el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac) busca anular la auditoría que realizó el ente contralor a la licitación vía alianza público-privada (APP), con la cual se detectaron varias irregularidades. De esta manera pretenden adjudicar la terminal aérea por 30 años al consorcio liderado por la española Sacyr.
“Genera una presunción de manejo no transparente el accionar (de MOPC y Dinac) contra un dictamen de la Contraloría, políticamente incorrecto y probablemente jurídicamente incorrecto”, aseveró el profesional y ex congresista.
Continuó: “Ya es un precedente nefasto que un organismo controlado evada la Contraloría, pero es más nefasto que no evadiendo a la Contraloría impugnen o pidan la nulidad de los actos emanados por el ente contralor. Una vez más, el funcionamiento institucional del Paraguay, en un punto muy sensible que es la transparencia, queda en manos del Poder Judicial”.
Estigarribia resaltó que no hay muchos antecedentes de pedidos de acción de nulidad contra un dictamen de la CGR y que “es bastante sui géneris”. “Es la primera vez que escucho que una institución no acata el dictamen de Contraloría y quiere continuar un proceso. La Contraloría tiene la potestad de controlar, tiene facultades constitucionales para hacer eso”, refirió.
Señaló además que el pedido del MOPC y de la Dinac no es aconsejable para demostrar una administración transparente. Aseveró que lo ideal sería que acaten el dictamen y que inicien de nuevo el proceso, aunque lleve más tiempo.
“El MOPC y la Dinac tratan de salvar el proceso que ellos llevaron adelante y que, de alguna manera, fue invalidado por la Contraloría, que es un órgano que debe ser oído. Entonces, si bien no es usual plantear una acción de nulidad, sino una acción contenciosa administrativa, hay que entender que esto es un dictamen que sí le quita valor a todo lo que hicieron”, dijo.
Resaltó que se debe esperar con expectativa lo que dirá el Tribunal de Cuentas “aunque el problema acá siempre suele ser que cuando está involucrado el Poder Ejecutivo, la Justicia no se pronuncia, o se pronuncia tarde o a favor del Ejecutivo”. La acción se presentó ante la segunda sala del tribunal, integrada por Gregorio Ramón Rolando Ojeda (presidente), Arsenio Coronel Benítez (vicepresidente) y María Celeste Jara Talavera (vocal).
