En setiembre, el Tribunal de Apelación había anulado la absolución a los mismos empleados, ordenando que se haga un nuevo juicio.
Los camaristas habían considerado “desacertada” la decisión del Tribunal de Sentencia de absolverlos, alegando que los jueces solo valoraron como pruebas fundamentales las conductas crediticias de los querellantes y denunciantes.
La denuncia fue contra Luz Martínez, Alberto Vargas, Fredy Nuñez, Édgar Cáceres y Adalberto Arévalos.
El caso se inició por hechos que habrían sucedido entre el 2013 y el 2017. Según la denuncia, la asociación presentó extractos de cuentas “totalmente falsos”, que indicaban que los socios estaban al día con sus deudas.
Varios socios hicieron préstamos de dinero a través de la asociación, la que debía realizar el débito automático a los funcionarios.
Sin embargo, después de un tiempo, empezaron a saltar irregularidades en el pago de los créditos a las firmas comerciales, causando, según la denuncia, un perjuicio de G. 283 millones.
Sin embargo, el Tribunal de Sentencia, integrado por los jueces Juan Ortiz, Rossana Maldonado y Manuel Aguirre, determinó que las pruebas presentadas por el fiscal Federico Leguizamón no fueron suficientes.
