En un comunicado de dos párrafos, y luego de dos semanas de haberse presentado una denuncia formal por el caso de los supuestos “sobres de Mburuvicha Róga”, el Ministerio Público anunció ayer que “analiza” la misma.
“La denuncia presentada contra el presidente de la República, Santiago Peña, se encuentra actualmente en la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA), donde desde la semana pasada se encuentra en etapa de examen de correspondencia, paso previo a la eventual asignación de un fiscal para la apertura de una causa”, dice el comunicado.
“El examen de correspondencia implica la verificación inicial de los antecedentes, la revisión del contenido de la denuncia y la evaluación de si los hechos relatados corresponden o no a la competencia de la unidad especializada”, finaliza.
Crítica. Esther Roa, una de las abogadas denunciantes, dijo que ayer se desayunaron la noticia, tras dos semanas de espera, y criticó la lentitud del Ministerio Público para diligenciar la denuncia.
Hoy nos despertamos con la noticia de que después de casi 15 días de la presentación de la denuncia formal por un grupo de abogados, del que soy miembro, con el Dr. Guillermo Ferreiro, finalmente la Fiscalía General del Estado, tras la aprobación de una Fiscalía General inconstitucional, hay que decir con todas las cartas, arbitrarias e inconstitucional, quien está a cargo de la Unidad Especializada en Crímenes Económicos y Anticorrupción, una persona poco confiable para un grupo de ciudadanos que durante mucho tiempo hemos estado luchando contra el flagelo de la corrupción, pero principalmente contra la impunidad”, apuntó, refiriéndose a la agente fiscal Soledad Machuca.
Señaló que la fiscala atrae “más descrédito” que imputaciones en casos vinculados a políticos.
“Bueno, en términos generales, hoy ya tenemos al menos, digamos, esa queja en alguna oficina de alguna unidad fiscal, y veamos lo que logran después de casi un mes de, digamos, esas noticias que impactaban a través de los medios periodísticos, donde la ex ama de llave denunció todas las irregularidades cometidas por el presidente de la República. Esta investigación debe haber comenzado el día 18 como máximo, para poder realizar todas las intervenciones, redadas, incautaciones, etc., porque esa es la forma en que otras unidades fiscales de otros países que son mucho más grandes y comprometidas con la Constitución, con los acuerdos internacionales en la lucha contra la corrupción, las leyes y la ciudadanía misma, pero no esta unidad fiscal”, mencionó.
Sostuvo que la Unidad Anticorrupción, como siempre, “deja pasar el tiempo”.
“Ese valioso tiempo que hoy seguramente será utilizado, ya fue utilizado precisamente por las personas que son sospechadas por esas quejas ilícitas para ocultar, manipular, etc. Entonces, veamos cuál es el resultado, una unidad fiscal que no inspira confianza, absolutamente, excepto excepciones honorables; veamos qué sucede a partir de ahora”, indicó.
Manifestó que como sociedad civil estarán monitoreando esta denuncia, como lo han estado haciendo con muchísimas otras quejas sin imputación de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción. Recalcó que aún siquiera tienen los datos de quiénes son los fiscales designados para investigar el hecho.
“Así que hoy no sabemos o no tenemos los datos, por ejemplo, de quiénes fueron los fiscales asignados. Así que es una cuenta pendiente del fiscal no darnos al menos los datos de qué unidades se ven afectadas para que puedan iniciar esta investigación, como dije antes, será un fracaso porque se dejó pasar mucho tiempo, y que en, digamos, la ley penal, digamos política criminal, es realmente lamentable”, sostuvo.
Señaló que el Ministerio Público debió investigar oficiosamente desde el día siguiente o después de dos días de que tomó estado público el caso.
