08 ago. 2025

Abogado quiso ingresar un revólver al Palacio de Justicia y fue detenido

El abogado Flavio Rodrigo Benítez fue detenido esta mañana, cerca de las 09:50, en el acceso principal del Palacio de Justicia de Asunción, cuando intentó ingresar un revólver calibre 22 y diez cartuchos vivos. Benítez quedó a cargo de la Policía, que informará a la Fiscalía.

f4d307f9-f592-4e35-a31d-27246f3d062c.jpg

Detenido. El abogado Flavio Rodrigo Benítez fue detenido al intentar ingresar un arma de fuego al Palacio de Justicia.

Foto: Gentileza.

El arma de fuego, un revólver de la marca Custer, calibre 22 largo, y diez cartuchos vivos, fue detectada por el escáner del acceso principal del Palacio de Justicia, dentro del maletín del abogado Flavio Rodrigo Benítez, lo que motivó su inmediata detención.

El hombre fue derivado a la guardia, donde se le inspeccionó, se le identificó y comisó el arma de fuego que tenía en su maletín. Ahí, se realizó el procedimiento de rigor.

Según explicó a la prensa el abogado Benítez, quien ejerce desde 2013, el arma estaba en su vehículo, pero como este se encontraba descompuesto, colocó todas sus pertenencias en su maletín y olvidó que la llevaba consigo, por lo que llegó al Palacio de Justicia sin advertirlo.

El profesional vive en Villa Hayes, es argentino de nacimiento, pero nacionalizado paraguayo. Refirió que tenía varios casos que ver esta mañana en tribunales, por lo que no se dio cuenta de que dejó el arma de fuego en su maletín.

51927e0f-9174-48a2-b244-320f11800810.jpg

Arma de fuego. El revólver calibre 22 largo, con diez cartuchos que fue incautado.

Foto: Gentileza.

A raíz del hecho, el abogado podría ser imputado por la violación de la Ley de Armas, ya que no tenía los documentos requeridos de tenencia y portación de armas.

El comisario principal Mario Ovelar, jefe de seguridad del Palacio de Justicia, señaló que fue detenido y se convocó a los agentes de la Comisaría 1ª Metropolitana, donde será derivado. Luego será puesto a cargo de la Fiscalía para los trámites correspondientes.

Explicó que no tenía la portación del arma, documento expedido por la Policía Nacional, luego de cumplir con varios requisitos, incluso, examen psicológico, que autoriza portar el arma consigo y la tenencia, documento expedido por la Dirección General de Material Bélico (Digemabel), que autoriza a tenerla en su domicilio.

Según el jefe de Seguridad, ya se detectaron varios objetos prohibidos –principalmente, armas blancas– que intentan ser introducidos en el Palacio de Justicia.

Más contenido de esta sección
Por el recurso de apelación pendiente, en contra de la reapertura de la causa, el juez de Delitos Económicos Rodrigo Estigarribia suspendió la audiencia preliminar para el ex ministro de la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero (Seprelad) Óscar Boidanich, y los demás coprocesados.
El Tribunal de Sentencia que juzga a los acusados del caso A Ultranza Paraguay rechazó el pedido de suspender el juicio oral, solicitado por la defensa de Miguel Ángel Insfrán, alias Tío Rico, porque no pueden ejercer la defensa del procesado. Luego, de resolver los incidentes previos, inició el juicio.
Hoy se cumplen 11 años del secuestro del suboficial Edelio Morínigo, considerado el más largo de la historia del Paraguay. “Solo queremos encontrar sus huesos para darle una sepultura”, dice Obdulia.
El juez de Garantías, Miguel Palacios, decretó el arresto domiciliario de Angélica García Barrios, la mujer que fue filmada cuando golpeaba a un anciano que estaba a su cuidado. El fiscal Julio Ortiz le imputó por violación del deber de cuidado de ancianos y personas con discapacidad y solicitó la prisión.
La jueza de Garantías, Clara Ruiz Díaz, decretó la prisión preventiva del ex presidente del Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), Ignacio Luis Ortigoza, detenido en una redada policial tras estar prófugo desde el 2019.
La Sala Penal de la Corte anuló las condenas de los ex ministros de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), Francisco de Vargas y Luis Rojas, y, por decisión directa, absolvió de culpa y pena en el caso de la supuesta compra irregular de equipos de escucha, entre el 2012 y el 2015.