Los chats difundidos tras el peritaje del teléfono del diputado fallecido Eulalio Lalo Gomes carecen de validez legal, según la opinión del abogado Óscar Tuma, representante legal de la familia del extinto legislador.
Tuma volvió a criticar el accionar del juez Osmar Legal, que dio a conocer las conversaciones tras realizar una denuncia ante el Ministerio Público, afirmando que no cumplió con las disposiciones legales.
“El juez debe entregar a todas las partes por igual, ese es el proceso para que no se rompa la cadena de custodia”, explicó en una entrevista con radio Monumental 1080 AM.
Al haber revisado el contenido del teléfono sin la presencia de las partes, el magistrado pone un manto de duda a la veracidad del contenido, según Tuma.
“No tenemos certeza de que esa información no se haya adulterado. Esto es lo que ocurrió, es la consecuencia de lo que hizo el juez sin nuestra presencia”, agregó.
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🔴 Abogado de la familia Lalo Gomes critica acto procesal de chats del fallecido diputado
— Monumental AM 1080 (@AM_1080) February 11, 2025
👉🏼 Óscar Tuma explicó cómo debió ser el proceso legal para llevar adelante dicha investigación, calificando de "ilegal" la actuación del juez Osmar Legal.
🗣️ "Al acceder a la información… pic.twitter.com/JjeYVrquSU
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Abogado expone reglamento de la Corte
El representante legal insistió en que el juez Legal hizo caso omiso a un reglamento de la Corte Suprema de Justicia donde se establece el procedimiento que se tiene que dar cuando se habla de extracción de datos de celulares.
El reglamento establece que el juez tiene que convocar a todas las partes (Ministerio Público, abogados defensores del imputado) y un técnico informático debe exhibir el sobre donde se encuentra la prueba, que debe estar herméticamente cerrado.
Una vez abierto el sobre, se descarga el archivo a una computadora que no debe estar conectada a ninguna red, según la explicación de Tuma.
La denuncia del juez Legal menciona la extracción de datos y conversaciones de WhatsApp entre el ex diputado Lalo Gomes y otros funcionarios estatales, entre ellos el diputado Orlando Arévalo, las fiscalas Katia Uemura y Stella Mary Cano, y la jueza penal Sadi Estela López.
El Ministerio Público designó a los fiscales Francisco Cabrera, María Verónica Valdez y Luis Piñánez para investigar el hecho ante la sospecha de delitos como tráfico de influencias, soborno y otros.
