Los recusados son los jueces Sonia Villalba, Laura Ocampo y Fabián Weisensee, quienes deberán elevar el informe sobre la recusación al Tribunal de Apelación Penal, que deberá resolver la cuestión.
La acusada profesional, abogada Emma González Ramos, señala en su escrito que los jueces fijaron el juicio para un día inhábil y sin la debida fundamentación. El juzgamiento público estaba previsto para el sábado 27 de setiembre a las 09:00 horas, conforme con la resolución.
La procesada señala que la resolución tiene falta de fundamentación y fue hecha de una forma procesal incorrecta, lo que genera sospechas de falta de imparcialidad y objetividad sobre la dirección del proceso.
“Esta actuación procesal irregular, además de vulnerar principios elementales de derecho procesal penal, como la legalidad y la motivación de las resoluciones judiciales, podría interpretarse como una intención de acelerar indebidamente el proceso o de limitar las posibilidades de defensa, lo cual compromete la confianza en la recta administración de justicia”, afirma.
Como causal cita el artículo 50 inciso 13, que habla de cualquier motivo fundado de falta de independencia y parcialidad.
Cita además una publicación del diario Abc, que cita las declaraciones del querellante Federico Campos López Moreira, que indicó que “consiguió que el juzgamiento inicie este mismo mes” después de que se informara la posible postergación del mismo.
Incluso destaca que el profesional haya señalado que “destacó que los jueces hayan resuelto reprogramar para este mismo mes el juicio oral y público”.
Argumenta que el adelanto del juicio oral para el sábado 27 de setiembre, un día inhábil, resulta “un indicativo de una posible influencia o contacto inusual del abogado Federico Campos López Moreira con el Juzgado”.
Apunta que esto no es solo aparente sino que además pública capacidad de un abogado de influir en la fijación de fechas para el juicio oral, incluyendo días inhábiles y el destaque de la decisión.
Con ello, dice que esta circunstancia es una causal de recusación, ya que genera duda razonable sobre la imparcialidad del juzgador.
De esta manera, pide al Tribunal de Apelación Penal que admita el pedido y aparte a los magistrados del caso.
